La investigación judicial por las presuntas irregularidades en torno al Acueducto Gran Tulum acaba de ingresar en una nueva etapa que, aunque significativa, vuelve a poner sobre la mesa una preocupación inevitable: el tiempo que está demandando esclarecer un caso que involucra una obra estratégica para el futuro hídrico de San Juan.
La obra del Acueducto Gran Tulum sigue esperando respuestas de una Justicia lenta
Los tres allanamientos realizados simultáneamente en instalaciones de la empresa Krah constituyen una señal concreta de que la Justicia ha decidido profundizar la pesquisa. Uno de los procedimientos se realizó en las oficinas administrativas de la firma, en Capital, mientras que los otros dos tuvieron lugar en la planta de Albardón donde fueron fabricadas las cañerías utilizadas en la obra. Se trata de una empresa cuyo rol adquiere particular relevancia porque tuvo a su cargo la provisión de los conductos que hoy forman parte del análisis judicial.
La Fiscalía dispone ahora de otros 90 días para reunir, ordenar y evaluar pruebas. La extensión aparece justificada por la complejidad técnica del expediente y por el volumen de documentación que debe ser analizado para determinar si existieron irregularidades en la contratación, adquisición y utilización de los materiales.
Pero el dato que no puede perderse de vista es que, hasta el momento, no existe formalización de la causa ni imputaciones concretas. Esto significa que la investigación permanece en una instancia preliminar, sin que se haya habilitado todavía la participación formal de las defensas. Si las pruebas reunidas permiten sostener las sospechas iniciales, podrá solicitarse una audiencia de formalización.
La prudencia resulta indispensable. Una investigación judicial no equivale a una condena y nadie puede ser considerado responsable mientras no exista una decisión fundada de la Justicia. Pero esa misma prudencia tampoco debería confundirse con una demora indefinida.
El Acueducto Gran Tulum fue concebido como una obra fundamental para ampliar y mejorar el abastecimiento de agua potable en el Gran San Juan y en todo el Valle de Tulum. Que permanezca paralizado mientras se intenta determinar qué ocurrió durante su ejecución representa, por sí mismo, un perjuicio para toda la comunidad.
También resulta inevitable advertir que el expediente amenaza con atravesar prácticamente los cuatro años de la actual gestión de gobierno sin haber producido todavía una definición judicial sobre las sospechas que pesan sobre una obra heredada de la administración anterior.
El desafío consiste ahora en que la investigación avance con rigor, pero también con la celeridad que reclama el interés público. San Juan necesita saber qué ocurrió, quiénes tuvieron responsabilidades y, fundamentalmente, qué debe hacerse para recuperar una obra imprescindible. Porque una Justicia que investiga durante años una infraestructura vital corre el riesgo de llegar demasiado tarde para aquello que la sociedad más necesita: soluciones.