Que cuatro departamentos de San Juan figuren entre los cinco con mayor morosidad del país constituye mucho más que un dato estadístico. Es una señal económica y social de enorme gravedad que las autoridades, el sector privado y la comunidad en su conjunto no deberían minimizar. Rawson encabeza el ranking nacional con un 42,6% de incumplimiento, seguido por Chimbas con 41,6% y Pocito con 40,1%. Caucete, con 39%, ocupa el quinto lugar. Entre ellos sólo se interpone el partido bonaerense Presidente Perón, con 39,4%.
Morosidad: una señal económica y social que San Juan no puede ignorar
El dato obliga, antes que nada, a preguntarse qué está ocurriendo. Y la respuesta no puede reducirse a una supuesta falta de voluntad de pago de los sanjuaninos. La morosidad es, en buena medida, el reflejo de una economía que durante años ha acumulado pérdida de poder adquisitivo, informalidad, empleo precario, endeudamiento y dificultades para acceder a financiamiento. Pero también sería un error utilizar esas circunstancias como una justificación permanente para incumplir.
Porque pagar las obligaciones no es solamente una cuestión individual. Es una condición indispensable para que funcione una sociedad organizada. Cuando una familia, un comercio o una empresa deja de pagar impuestos, servicios, créditos o facturas, el problema no termina en esa deuda. Se traslada a quienes sí cumplen, reduce recursos, encarece el crédito y termina afectando la inversión y la calidad de los servicios.
El peligro mayor aparece cuando la morosidad se convierte en una costumbre. Allí se rompe la cultura del cumplimiento y comienza a instalarse la idea de que siempre habrá una moratoria, una quita o una nueva oportunidad para quien no pagó. Las facilidades son necesarias para quienes realmente no pueden cumplir, pero no pueden convertirse en un premio para quienes pudiendo hacerlo eligen no hacerlo.
San Juan necesita una respuesta firme y diferenciada. En primer lugar, planes de regularización que permitan recuperar deudas con quitas de intereses y multas y cuotas razonables. Pero, simultáneamente, debe profundizarse la fiscalización sobre quienes tienen capacidad económica y deliberadamente incumplen. No es aceptable colocar en el mismo plano a una familia vulnerable y a una empresa que dispone de recursos suficientes para afrontar sus compromisos.
También resulta imprescindible simplificar los mecanismos de pago y fortalecer la educación financiera. Y, sobre todo, generar empleo formal y actividad económica. No habrá política de cobranza suficientemente eficaz si no se recupera la capacidad de pago de la población.
El ranking no debe convertirse en motivo de vergüenza para San Juan, pero tampoco puede ser ignorado. Es una alarma. Y las alarmas, cuando suenan con semejante intensidad, no están para ser silenciadas sino para actuar. La provincia necesita recuperar algo más que deudas: necesita recuperar la cultura del cumplimiento, porque sin ella no hay crédito, inversión ni desarrollo posible.