El debate sobre el futuro del túnel internacional de Agua Negra ha regresado al centro de la escena con una definición que merece ser tomada con seriedad y visión estratégica. La postura expresada por Rodrigo Díaz Cortés, presidente de la Corporación Agua Negra, al sostener que una obra de semejante magnitud debe contar con fuerte financiamiento privado y no recaer exclusivamente sobre el Estado nacional, abre una discusión imprescindible en tiempos de restricciones fiscales y demandas sociales urgentes.
Necesidad de que el capital privado se interese en el túnel de Agua Negra
El túnel binacional no es una obra menor. Se trata de un proyecto que demandaría entre 2.300 y 5.000 millones de dólares, cifras imposibles de afrontar hoy para un Estado argentino sometido a un severo ajuste del gasto público. Pretender que semejante inversión salga íntegramente de las arcas nacionales implicaría desconocer la realidad económica actual y, además, desplazar recursos que deben atender prioridades básicas como salud, educación, seguridad e infraestructura social.
Sin embargo, reconocer esa limitación no significa resignar el proyecto. Por el contrario, obliga a repensar el esquema de financiamiento bajo una lógica moderna, donde el sector privado tenga un rol protagónico. El túnel de Agua Negra no es solamente una vía de integración entre Argentina y Chile; es una infraestructura estratégica para el desarrollo exportador, especialmente vinculado a la minería y al corredor bioceánico.
En ese contexto, resulta lógico vincular directamente la concreción de la obra con los intereses de las grandes compañías mineras radicadas en San Juan. Hoy, el escenario generado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) muestra proyectos aprobados por más de 25 mil millones de dólares, la mayoría ligados al sector minero. Si las empresas encuentran condiciones para desarrollar emprendimientos multimillonarios y proyectar exportaciones a gran escala, también deben asumir parte de la responsabilidad de financiar la infraestructura que hará viable y competitiva esa expansión.
Además, el proyecto cuenta con bases técnicas sólidas. Durante años se realizaron estudios geológicos y geotécnicos por más de 40 millones de dólares, con respaldo de consultoras internacionales y del Banco Interamericano de Desarrollo. La viabilidad técnica del túnel ya no es materia de discusión seria. Incluso, una de las objeciones históricas -la limitada infraestructura portuaria chilena- comenzó a resolverse gracias a inversiones privadas en Coquimbo y en el futuro puerto Cruz Grande, donde se destinaron alrededor de 120 millones de dólares para ampliar la capacidad operativa y recibir grandes embarcaciones.
Lo que falta ahora es decisión política y capacidad de diálogo. Reactivar la Ebitan, paralizada desde 2018 por la pandemia y las tensiones bilaterales, resulta indispensable para retomar las negociaciones entre ambos países. El túnel de Agua Negra debe trascender gobiernos y convertirse en una verdadera política de Estado. Pero también debe adaptarse a los tiempos actuales: si la obra traerá enormes beneficios económicos al sector privado, es razonable que ese mismo sector participe activamente en su financiamiento y ejecución.
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