Por Rosendo Fraga - Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría
Se precipita el conflicto entre EEUU y Cuba
Un sector del régimen cubano estaría evaluando la posibilidad de una salida negociada con Estados Unidos para reducir el actual enfrentamiento, siguiendo el esquema aplicado por Washington en Venezuela.
Paradójicamente, dentro de esa eventual operación aparecería la figura de Raúl Castro, de noventa y cuatro años y uno de los últimos referentes históricos de la Revolución. Aunque formalmente retirado del poder, continúa siendo una voz de peso dentro del sistema cubano. La lógica estadounidense sería combinar presión política, económica y judicial para forzar concesiones sin necesidad de un colapso violento del régimen, sin descartar una estrategia de mayor dureza, como sucedió con Maduro.
En Venezuela, la estrategia de Trump ha sido presentada dentro de su entorno como un antecedente exitoso, aunque el chavismo haya conservado espacios de poder y continúen existiendo presos políticos y estructuras económicas relevantes en manos del régimen.
En ese contexto, Estados Unidos intensificó esta semana su presión sobre Cuba. El embargo energético ha dejado al país prácticamente sin reservas de combustible, los vuelos de vigilancia estadounidenses alrededor de la isla han aumentado, y el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una inusual visita pública a La Habana con exigencias precisas: cerrar estaciones de inteligencia utilizadas por Rusia y China y adoptar medidas para reabrir la economía.
Paralelamente, la justicia federal de Estados Unidos presentó cargos formales contra Raúl Castro por asesinato, conspiración para matar estadounidenses y destrucción de aeronaves por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en una decisión que aumenta la presión judicial sobre el régimen cubano y agrega un nuevo elemento de tensión política en la relación bilateral.
Frente a esta escalada, el régimen cubano respondió acusando a la administración Trump de estar preparando una intervención militar que podría derivar en un "baño de sangre". El presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo públicamente que Cuba "no representa una amenaza" ni tiene "planes o intenciones agresivas contra ningún país", pero advirtió que cualquier acción militar estadounidense tendría consecuencias "incalculables para la paz y la estabilidad de la región".
El presidente cubano insistió en que la isla tiene "el derecho absoluto y legítimo de defenderse" ante lo que describió como una "agresión multidimensional" de Estados Unidos, negando que ello pueda utilizarse como excusa para justificar una guerra contra Cuba. Las declaraciones se produjeron luego de que el portal Axios informara, citando fuentes de inteligencia, que Cuba habría adquirido más de trescientos drones militares y discutido posibles planes para utilizarlos contra la base naval de Guantánamo, buques estadounidenses o posiciones en Florida. Aunque La Habana evitó confirmar o desmentir de manera directa esa información, el canciller Bruno Rodríguez acusó a Washington de "fabricar acusaciones" para justificar una mayor presión económica y política sobre la isla.
El intercambio verbal elevó significativamente la tensión bilateral y volvió a instalar la hipótesis de una escalada militar, aunque por el momento ambas partes parecen utilizar principalmente la amenaza y la presión como instrumentos de negociación.
Sobre ese cuadro interno, Washington parece estar aplicando una estrategia de doble presión: por un lado, el desgaste económico y la presión judicial; por otro, la insinuación de que podría replicarse una operación similar a la realizada en Venezuela. La acusación federal ya presentada contra Raúl Castro, las señales públicas de la CIA y el incremento de la presencia de vigilancia militar forman parte de ese mismo esquema. Sin embargo, especialistas estadounidenses citados en las fuentes sostienen que la hipótesis más probable no sería una incursión inmediata, sino el uso de estas amenazas para inducir fracturas internas o forzar negociaciones dentro del aparato cubano. La presión está dirigida tanto al núcleo del poder como al entorno político del régimen.
No obstante, no existe información precisa que confirme que Estados Unidos esté preparando una operación militar directa sobre Cuba en el corto plazo. Incluso dentro de fuentes cercanas al gobierno estadounidense aparecen matices respecto de esa posibilidad. Las exigencias militares derivadas del conflicto en Medio Oriente, así como los riesgos de una intervención en el Caribe, hacen pensar que la opción militar no sería inminente. Pero al mismo tiempo, dentro del entorno de Trump persiste la voluntad de mantener abierta esa alternativa como instrumento de presión, especialmente porque la Casa Blanca sigue presentando la operación realizada en Venezuela como un antecedente exitoso. En este sentido, la amenaza parece cumplir una función política aun cuando no exista una decisión operativa inmediata. La diferencia entre Cuba y Venezuela es que La Habana parece haber recibido señales más explícitas y visibles sobre el aumento de la presión estadounidense, lo que le da margen para prepararse políticamente y reforzar su narrativa defensiva. El régimen cubano insiste en que no desea una guerra y acusa a Washington de construir un expediente para justificar una agresión. Trump, por su parte, continúa calificando al gobierno cubano como una amenaza para la seguridad estadounidense y busca combinar presión económica, judicial y militar para obtener resultados políticos.
Mientras tanto, Estados Unidos ha dado una señal concreta sobre su intención de operar sobre Cuba: el traslado del portaaviones Nimitz al Caribe. El mismo tipo de actitud que se adoptó con el Gerald Ford semanas antes de la operación en Venezuela.