Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista
Terremoto en Colombia bajo sospecha por corrupción
Profesionales de varias universidades han salido rápidamente a reclamar que se investigue a las empresas constructoras de las últimas décadas en todo el territorio de Colombia ante la evidencia, tras el terremoto del 10 de agosto pasado, que parte del desastre se debe "a las prácticas corruptas de los sectores público y privado en la construcción de viviendas y edificios de departamentos, junto a la incapacidad de las autoridades para supervisar el cumplimiento de las normas de sismorresistencia". Uno de esos profesionales es el ingeniero Armando Montenegro, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con una maestría en Economía y columnista del diario colombiano "El Espectador", quien analizó el reciente sismo y no tardó en imaginar sobornos y deshonestidad entre los escombros. Hasta el momento son 331 los muertos y 240 los desaparecidos, según un informe oficial y, paralelamente, se supone que el 65% de las viviendas colombianas de la vasta zona afectada "no tienen estructura para resistir un terremoto".
En otro estudio técnico, Montenegro sostiene que "muchas muertes y heridos se hubieran podido evitar si antes se hubieran combatido en forma efectiva esas maniobras que elevan la vulnerabilidad y el riesgo de muchas viviendas y los edificios". Más adelante se detiene en el deterioro de escuelas, hospitales, puentes y otro edificios del Estado, y advierte que estos "fueron el resultado de procesos de selección y contratación amañados, con pago de coimas y oscuros manejos de firmas e ingenieros venales, quienes, por rebajar sus costos y ampliar sus ganancias, construyeron sin cumplir con las más mínimas normas de seguridad". El propio presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo tres días antes del sismo de 7,4, ha tenido también una fuerte mirada anti corrupción, mientras recorría zonas dañadas, pero en este caso para advertir que "no tolerará el desvío de recursos públicos destinados a la atención de los damnificados y a la reconstrucción tras el terremoto", porque "el que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente". A su vez pidió al sector financiero bajar las tasas de interés y a los empresarios de la construcción "donar sus utilidades en los proyectos de vivienda para las zonas afectadas". El mandatario también consideró que "la reconstrucción por el terremoto del 10 de agosto costará al menos 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares), afectando a 450 municipios en 15 departamentos".
Dos días después del terremoto, otros expertos sismólogos e ingenieros han elaborado análisis especiales sobre lo sucedido, para "The Conversation", una plataforma digital de noticias y divulgación académica sin fines de lucro, que trabaja online con redacciones y ediciones independientes en varios países e idiomas. La versión de estos profesionales indica que es el terremoto más potente registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI, y "el más fuerte desde el terremoto de Armenia, municipio colombiano capital del departamento del Quindío, que se produjo en 1999, con una magnitud 6.2, y que destruyó más de 60 edificaciones históricas e institucionales". Puntualmente en uno de esos análisis el ingeniero civil con Maestría en Estructuras, Diego Roberto Martínez Pineda, sostiene una advertencia muy fuerte: "Las entidades de control deberían vincular equipos técnicos para investigar las causas del colapso de algunas de las edificaciones públicas en el occidente del país y, si fuera el caso, imponer ejemplares sanciones a los culpables". En otro momento Martínez Pineda, que es profesor asociado de Ingeniería Civil, en la Universidad de La Sabana, Chia, uno de los municipios más afectados, cerca de Bogotá, explica las claves de la destrucción sísmica "con muros sin anclaje, construcciones informales y normas incumplidas, evidencias que muestran que, por ejemplo, el terremoto vivido en el departamento Chocó corresponde a un sismo interplaca de subducción, con profundidad intermedia, originado por una ruptura dentro de la placa de Nazca". Pero "si la capacidad destructiva del terremoto tiene que ver con su naturaleza, también está relacionada con el estado de las edificaciones de Colombia".
Aquí es cuando los especialistas se detienen de nuevo en las normas de construcción de edificios existentes en el país, para señalar que "en Colombia, existen reglamentos de construcción sismo-resistente desde 1984. Ese primer reglamento se convirtió en la Norma Sismorresistente de 1998, y se actualizó en 2010 (NSR-10). Pero ocurre que, independientemente de la zona de amenaza sísmica donde esté localizada la estructura, para el ingeniero Martínez Pineda "el problema es que en Colombia la mayoría de las construcciones no se diseñan ni construyen con la citada norma NSR-10". Se reconoce así públicamente que en ese país predomina la construcción informal con mampostería no reforzada o, en el mejor de los casos, con mampostería confinada con columnetas de concreto reforzado para estructuras de hasta cuatro pisos. Estos tipos de construcciones "hacen vulnerables a sus habitantes debido a que los materiales, en su mayoría, no tienen capacidad para resistir las altas fuerzas de tensión que se generan durante un terremoto", agregan los especialistas citados.