San Juan se dispone a dar hoy un paso de particular relevancia en su estrategia de desarrollo. La salida al mercado internacional para colocar hasta 600 millones de dólares constituye mucho más que una operación financiera: representa el intento de convertir las expectativas generadas por la nueva etapa minera en obras concretas capaces de sostener el crecimiento que se avecina.
Un bono para transformar el impulso minero en infraestructura para el futuro
La emisión tendrá un plazo de nueve años, estará regida por la legislación del Estado de Nueva York y pagará intereses semestrales, mientras que el capital será amortizado en tres etapas: 33% en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante en 2035. La tasa será determinada por el mercado durante la colocación. La recepción de ofertas está prevista hasta hoy a las 13, con una inversión mínima de 1.000 dólares.
El regreso de San Juan al financiamiento internacional después de casi tres décadas adquiere particular significado porque la provincia pretende utilizar esos recursos para infraestructura vinculada con la expansión de la minería. Rutas, energía, agua, logística y transporte serán componentes indispensables para acompañar emprendimientos de una dimensión que hasta hace pocos años parecían difíciles de imaginar.
El caso de Vicuña constituye una referencia inevitable. El proyecto, impulsado por BHP y Lundin Mining, comprende Josemaría y Filo del Sol y contempla una inversión inicial cercana a los 9.700 millones de dólares bajo el RIGI. La magnitud de semejante emprendimiento permite comprender que la infraestructura pública no puede quedar rezagada frente al ritmo de las inversiones privadas.
Pero precisamente porque se trata de deuda pública, la oportunidad exige responsabilidad. Fitch otorgó a la emisión una calificación B-, destacando entre los aspectos favorables la posición de liquidez provincial, aunque también advirtió sobre la exposición de la deuda a moneda extranjera. Distintos análisis estiman que, si se colocara el total autorizado, el peso de la deuda sobre los ingresos podría incrementarse inicialmente de alrededor del 10% a cerca del 40%.
Por eso, el verdadero éxito de la operación no debería medirse solamente por conseguir los 600 millones de dólares ni por la tasa que finalmente determine el mercado. Deberá medirse por la capacidad de transformar esos recursos en infraestructura útil, productiva y duradera.
San Juan tiene ante sí una oportunidad excepcional, pero también una responsabilidad proporcional. Endeudarse para financiar obras que amplíen la capacidad productiva puede constituir una herramienta legítima de desarrollo. La condición indispensable será que cada dólar obtenido tenga como destino una inversión capaz de generar, en el futuro, más actividad, empleo y recursos que los compromisos que hoy se asumen.