Por Dr. Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
Una YPF de los minerales críticos: la divisa minera al servicio del desarrollo integral
San Juan está a las puertas de una transformación histórica. Impulsada por Vicuña y los grandes proyectos cupríferos en gatera, la provincia se perfila como una de las principales productoras de cobre del continente. Pero este avance plantea un desafío mayor: la transición energética global colocó en el centro estratégico a minerales como el cobre, el litio y las tierras raras. La experiencia histórica argentina demuestra que la abundancia de recursos no garantiza el progreso automático. La diferencia entre el desarrollo integral y un simple enclave económico radica estrictamente en el diseño institucional que elijamos para administrar esa riqueza.
1. El diagnóstico: el cuello de botella histórico
El verdadero freno para el crecimiento argentino no es la falta de iniciativa privada, sino la crónica asfixia de divisas. El entramado productivo nacional —compuesto por pymes metalmecánicas, frigoríficos, agroindustrias y desarrollos tecnológicos— posee planes de inversión sólidos y mercados demandantes. Sin embargo, su operatividad se bloquea continuamente ante la imposibilidad de acceder a los dólares necesarios para importar bienes de capital, repuestos o insumos críticos.
En contraste, la minería de cobre y litio opera en un ecosistema global dolarizado que demanda sus productos a precios crecientes. Bajo el diseño actual, potenciado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la renta minera fluye hacia el exterior o permanece concentrada en el sector extractivo. Esto genera un peligroso modelo de enclave: un sector exportador hiperconectado y dolarizado, conviviendo con un tejido industrial doméstico descapitalizado y sin acceso a la moneda extranjera que requiere para expandirse.
2. Plan A: una sociedad mixta inspirada en el modelo YPF
La propuesta central consiste en replicar el exitoso esquema de gestión de la YPF recuperada in 2012. Esto implica la creación de una corporación con participación estatal mayoritaria del 51%, distribuida estratégicamente entre el Estado Nacional y las provincias productoras como San Juan, dejando el 49% restante en manos de inversores privados.
Esta alternativa no busca estatizar la actividad ni ahuyentar el capital extranjero, cuyos aportes tecnológicos y financieros siguen siendo indispensables. El objetivo político es garantizar un asiento para el Estado en la mesa de decisiones del directorio para definir el destino estratégico de la renta. A través de este rol corporativo activo, se pretende cumplir con funciones clave:
- Transformar una fracción de las utilidades en dólares en líneas de crédito productivo directo para la industria nacional.
- Financiar la tecnificación y modernización de pymes locales mediante fideicomisos gestionados en moneda dura.
- Articular la integración real de proveedores locales en la cadena de valor minera.
- Evitar que la actividad se reduzca a una exportación primaria en bruto que termine financiando la industrialización de otras naciones.
3. La ventaja de ser socio antes que concedente
El modelo clásico del concedente limita al Estado a cobrar regalías fiscales fijas y menores para luego sentarse a esperar un supuesto 'derrame' económico espontáneo. La realidad histórica argentina desmiente persistentemente la efectividad de este derrame.
Al consolidarse como socio accionista, el Estado adquiere voz y voto directo sobre el destino de los dividendos corporativos. Esta herramienta jurídica ya está disponible en el estatuto actual de YPF respecto a la renta petrolera. Extender este marco hacia el cobre, el litio y las tierras raras constituye una evolución natural de nuestra política de recursos estratégicos.
La experiencia histórica argentina demuestra que la abundancia de recursos no garantiza el progreso automático. La diferencia entre el desarrollo integral y un simple enclave económico radica estrictamente en el diseño institucional que elijamos para administrar esa riqueza.
4. Plan B: regalías en dólares y un nuevo esquema fiscal
Frente a las críticas ortodoxas que argumentan que la participación estatal ahuyenta las inversiones privadas, existe una alternativa de mercado viable. Este Plan B no altera la composición societaria privada pero reestructura el ingreso de divisas mediante dos mecanismos concretos:
- Exigir la liquidación de las regalías mineras directamente en dólares norteamericanos, impidiendo que los ingresos públicos se licúen por la inflación y los desajustes cambiarios.
- Elevar el canon de explotación a parámetros internacionales competitivos similares a los de otros países de tradición minera robusta.
Bajo este esquema, aunque las normativas vigentes del Banco Central fuercen la pesificación de los activos para el circuito comercial interno, se generaría un derecho de crédito soberano en moneda extranjera a favor de las provincias. Este crédito respaldaría la creación de fideicomisos públicos de financiamiento industrial. De este modo, a su vez, el estado, sobre todo las provincias, mejorarían su confianza económica de mercado porque ya no solo serían recaudadores en pesos sino en dólares.
5. Equidad de criterio frente al capital extranjero
Existe un argumento de estricto sentido común y equidad regulatoria: el propio RIGI ya le concede al capital privado internacional el derecho preferencial de remitir sus utilidades netas en dólares al exterior de forma ágil. Si la arquitectura jurídica actual habilita salidas rápidas para la rentabilidad corporativa privada, no existe objeción técnica válida para impedir que las divisas correspondientes al Estado se retengan y se reinviertan dentro del país.
El marco institucional exacto, la combinación de leyes y el catálogo dinámico de minerales estratégicos serán fruto del debate parlamentario nacional y provincial. Lo imperativo es resolver la pregunta fundamental: ante el despliegue de una minería de escala continental en San Juan, ¿quién administrará esa renta y a quién beneficiará? La experiencia argentina ratifica que el mercado no resuelve esta distribución por sí solo; se requiere una herramienta estatal inteligente y decidida.