La aprobación legislativa del convenio entre la Provincia y Vicuña, junto con el acuerdo celebrado con Vialidad Nacional, abre una etapa que debe ser observada con responsabilidad, transparencia y sentido estratégico. No se trata solamente de dos instrumentos administrativos. En ambos casos está en juego la capacidad de San Juan para transformar oportunidades en infraestructura, sin resignar facultades ni obligaciones que le corresponden.
Vicuña y las rutas: acuerdos que exigen control e inversión para San Juan
El convenio con Vicuña, aprobado por 27 votos contra 9 en la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia, establece un aporte extraordinario de 250 millones de dólares para infraestructura provincial y fija las obligaciones económicas de la empresa, entre ellas las regalías, determinadas en un 3% sobre la facturación. A ello se suma el aporte del 1,5% al fideicomiso desde el quinto año. Se trata de un esquema relevante, inédito por la magnitud del aporte comprometido y que merece ser administrado con absoluta claridad.
Precisamente allí aparece uno de los principales desafíos. Los fondos no pueden quedar asociados a una promesa genérica de progreso. Deben traducirse en obras concretas, priorizadas, verificables y capaces de beneficiar al conjunto de los sanjuaninos. La mejora de la Ruta 40 Norte, las obras hídricas y de saneamiento y otras inversiones de infraestructura deben responder a una planificación que exceda las necesidades de la actividad minera. La minería debe ser también una plataforma para ampliar las condiciones de desarrollo de toda la provincia.
Del mismo modo, resulta fundamental despejar cualquier duda respecto de las competencias ambientales. El convenio no implica, según lo señalado por el Gobierno, cesión alguna de las atribuciones que la Constitución provincial y la Constitución nacional reconocen a San Juan. Esa precisión no es menor. El desarrollo minero necesita reglas claras y previsibles, pero también controles ambientales firmes, independientes y sometidos a la legislación vigente.
El acuerdo con Vialidad Nacional plantea otra cuestión importante. La Provincia podrá asumir obras y mantenimiento de rutas nacionales por un plazo de 20 años, pero únicamente cuando existan financiamiento garantizado, proyectos técnicos aprobados y factibilidad para intervenir cada corredor. Hasta entonces, la responsabilidad sobre vigilancia, mantenimiento y tutela permanece en Vialidad Nacional.
Esta condición debe ser respetada. No sería razonable que San Juan asumiera obligaciones sin contar con los recursos necesarios. Si el acuerdo permite acelerar la recuperación de rutas deterioradas, puede convertirse en una herramienta positiva. Pero el traspaso efectivo debe acompañar al financiamiento.
Ambos convenios exigen ahora una etapa más importante que su aprobación: la ejecución. Allí estará la medida de su utilidad. San Juan tiene la oportunidad de convertir recursos mineros y acuerdos institucionales en caminos, agua, saneamiento e infraestructura. Para lograrlo necesitará control público, transparencia y una mirada de largo plazo. El crecimiento será legítimo sólo si deja obras y preserva intactas las facultades de la Provincia.