Las normas del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, no podrían ser más injustas. Según las reglas, la oposición debe ganar más de un 60% del voto y vencer docenas de obstáculos para tener mayoría en el Congreso. No es ninguna casualidad que Maduro no haya permitido la presencia de observadores creíbles de la OEA o de la Unión Europea. Venezuela sólo aceptará una delegación de "acompañantes electorales" de la Unasur.
Un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Internacional enumera una serie de irregularidades electorales que van mucho más allá de la utilización masiva de fondos estatales por los candidatos del gobierno, el control gubernamental de los medios de comunicación, la intimidación de votantes, las "inhabilitaciones" para que opositores se postulen a cargos públicos y el encarcelamiento de líderes políticos, como Leopoldo López.
Según las normas, los estados dominados por la oposición tienen mucho menos representación en la Asamblea Nacional que los controlados por el gobierno. Por ejemplo, el estado Lara, que tiene 1,1 millones de habitantes y una gran presencia opositora, elegirá sólo dos legisladores, lo mismo que el estado de Amazonas, con una población de apenas 87.000 personas y en manos del partido gobernante.
Y a pesar de todo, los encuestadores dicen que la oposición arrasará en las urnas por el colapso económico y social. La economía del país se contrajo un 8% este año, y su tasa de inflación es de casi el 200%, la más alta del mundo. Una encuesta de Datanálisis dice que el 63% del voto irá a los candidatos de la oposición, y sólo el 28% para los del gobierno.
Y la encuestadora Venebarómetro dice que a pesar del ventajismo gubernamental, es probable que la oposición gane 103 escaños de la Asamblea Nacional. Eso le daría más de los 84 escaños que necesitaría para tener mayoría simple, lo que le permitiría controlar el presupuesto del país, e iniciar investigaciones sobre corrupción y narcotráfico de funcionarios.
Mi opinión: Hasta hace poco, creía que Maduro daría un autogolpe y cancelaría las elecciones del 6 de diciembre. Pero dado el sentimiento antigubernamental generalizado, Maduro generaría una explosión social y una condena internacional si anula la elección. Es probable, entonces, que Maduro permita la elección, y dé un golpe postelectoral, cuando el mundo esté mirando para otro lado. Para evitar que la Asamblea Nacional inicie investigaciones sobre corrupción y narcotráfico, Maduro podría tomar control del nuevo Congreso, ya sea mediante la compra de legisladores de oposición, o con un decretazo que limite los poderes legislativos.

Pero, esta vez, no le va a ser tan fácil. Con los precios del petróleo por el suelo, Maduro tiene mucho menos dinero para comprar lealtades adentro y afuera del país. Y con Brasil en medio de una severa crisis que obliga a su gobierno a tomar cierta distancia de Venezuela, y con el triunfo en Argentina del líder opositor Mauricio Macri, un crítico abierto de la prepotencia autoritaria de Maduro, el régimen venezolano ya no puede contar con que los países más grandes de Sudamérica validen sus abusos electorales.