En plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, comenzó el tratamiento de los proyectos de la ley de acceso a la información pública, para que la ciudadanía pueda acceder en forma directa a la información de los tres poderes del Estado. La nueva norma prevé autorizar a cualquier persona a pedir información a los funcionarios, como datos, documentos y registros, y los responsables deberán contestar, también en forma directa, dentro de los 30 días posteriores, o serán sancionados si no lo hicieren.
El acceso a la información pública es un derecho básico, no sólo porque facilita el control ciudadano y la rendición de cuentas de los gobernantes sino porque es un requisito para el ejercicio de otros derechos, como la salud, la educación y la vivienda. En la Argentina es una de las grandes deudas de la democracia desde 1983, y continuamente negada o caprichosamente postergada por sucesivos gobiernos, en particular durante la última década.
Ahora hay una firme decisión del Gobierno nacional para apuntalar con esta ley el fortalecimiento institucional, de manera de fomentar la transparencia y prevenir la corrupción. Si los argentinos hubiésemos gozado de este derecho fundamental, muchos casos de corrupción y de manejos espurios en el ejercicio del poder pudieron ser advertidos, como los que ha descubierto la paciente investigación periodística, en particular los últimos hechos resonantes.
Precisamente antes no prosperaron los diferentes proyectos de apertura de la información publica porque el Poder Ejecutivo los frenaba sistemáticamente mediante la mayoría disciplinada del Congreso, y así se fueron archivando más de 80 iniciativas de legisladores y entidades de bien público. La idea del presidente Mauricio Macri es compatibilizar todas las propuestas con el proyecto oficial, a fin de que se cubran todas las expectativas sobre los controles de los mandantes.
En la última conmemoración el Día Internacional del Acceso a la Información Pública, celebrado por la Unesco, el 28 de septiembre pasado, se contabilizó 19 países latinoamericanos y caribeños con normas de acceso a la información, entre ellos Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Paraguay. Argentina, como los demás países populistas de la región, seguía negando este pilar del Estado de derecho.