Desde que comenzaron a cumplirse los plazos para la finalización del régimen de Promoción Industrial en las provincias que hasta ahora estaban beneficiadas por el sistema, Mendoza no ha dejado de dar señales de que su gobierno está dispuesto a impedir que exista la mínima posibilidad de que el régimen pueda prorrogarse o volver a implementarse. La última acción mendocina ha sido la de presentarse como "terceros interesados” en la causa en que la Justicia Federal de la provincia de San Luis hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa radicada en esa provincia interesada en continuar con el beneficio promocional.
El régimen de Promoción Industrial ha beneficiado por más de tres décadas, desde 1979, a las provincias de San Luis, La Rioja, Catamarca y San Juan, con un sistema que permitía a estos estados provinciales ofrecer a los emprendimientos productivos a desarrollarse en sus respectivos territorios una serie de beneficios impositivos que hacían posible su radicación y desarrollo. La medida llegó a su fin en 2010, pero fue prorrogada por decreto presidencial Nro. 699/10, lo que permitió que el sistema continuara hasta diciembre último. La caducidad definitiva hizo que se activaran distintas acciones por parte de las empresas, que en el caso de San Luis llevó a una de ellas a promover un fallo judicial que le permitirá seguir con el beneficio. Esta medida fue la que motivó al gobernador de Mendoza, Francisco "Paco” Pérez, a instruir a su fiscalía de Estado para que se interpusiera ante la medida judicial.
La acción mendocina no ha sido bien vista por los gobiernos provinciales, los sectores sindicales ni por las cámaras empresariales, que no pierden las esperanzas de alcanzar la continuidad de la promoción.
Históricamente la provincia de Mendoza ha estado en contra del sistema de beneficios impositivos, al considerar que esa ayuda coloca en mejores condiciones de traer inversiones a las cuatro provincias en cuestión.
La estrategia de una provincia que naturalmente cuenta con mayores recursos y un gran desarrollo no puede incidir sobre un fallo judicial, ni una posible medida nacional, que de ser implementada lo único que busca es consolidar fuentes de trabajo y garantizar el empleo a cientos de operarios que actualmente se desempeñan en las industrias promocionadas.