Lejos de atender los llamados a la cordura y la reflexión para evitar que los actos de violencia empañen los espectáculos futbolísticos, en lo que va del presente mes recrudecieron los enfrentamientos entre barrabravas, dentro y fuera de los estadios. Los siete últimos actos vandálicos arrojaron heridos graves, uno de ellos con un tiro en el abdomen, e involucraron a revoltosos fanáticos que pelearon entre facciones de un mismo club, con otros grupos, con la policía, y una secuela de tiroteos, depredación, robos, daños y atentados con explosivos.
Este estado de irracionalidad llegó a tal extremo que la propia presidenta de la Nación solicitó públicamente a los clubes que entreguen a las autoridades un listado con los nombres de los barrabravas, a fin de aplicar el derecho de admisión a los estadios. Cristina Fernández de Kirchner señaló el martes último que "no hay que estigmatizar la violencia. Lo que los clubes tienen que hacer es entregar las listas”, y recordó que ya lo hizo un club al Ministerio del Interior, posibilitando la detención de 25 personas cuando iban a ingresar al estadio. Con ese ejemplo, la mandataria reclamó la necesidad de que colaboren todos los dirigentes del fútbol, quienes conocen muy bien a los cabecillas de estas organizaciones delictivas.
Si bien el Estado es el responsable de la seguridad pública y debe implementar las acciones que resguarden la vida de miles de espectadores, el problema compete en gran medida a los directivos de los clubes quienes no solo conocen muy bien a los cabecillas de los barrabravas -algunos con notable connivencia estratégica- sino que en definitiva son los dueños de casa y por tanto el derecho de admisión lo tienen las comisiones directivas. Admitir o no a una persona en un ámbito privado no es facultad policial aunque sea de acceso público y, además se paga para ingresar, lo que implica asumir responsabilidades a la institución deportiva.
Por su parte, los organismos estatales tienen la potestad de hacer inteligencia para individualizar a los violentos y desmantelar sus planes de provocación y negocios subrepticios que nutren las finanzas de los inadaptados, junto con los conocidos "aprietes” a empresarios para obtener recursos. Si la policía hubiera seguido las andanzas de las facciones de Boca, encabezadas por Rafael Di Zeo y Mauro Martín, el tiroteo que hirió a este último no se hubiera producido como resultado de una venganza anunciada por el primero frente a los medios, al salir de prisión.