Tradicionalmente las exigencias para la admisión a la universidad argentina, atendía al título de egresado del nivel medio y la aprobación de una prueba de ingreso. Actualmente, las modalidades de admisión adoptadas en nuestro sistema universitario nacional, se encuentran caracterizadas por una gran heterogeneidad, cuya base se sustenta en la libre adopción que poseen dichos centros académicos en el momento de definir una política de ingreso.

El Senado de la Nación, acaba de modificar algunos artículos de la Ley de Enseñanza Superior número 24.521, propuesta de la legisladora Adriana Puigros, del FPV. La modificación del artículo 2 bis, determina ahora, la prohibición de establecer cualquier tipo de gravámenes, tasas, aranceles de las carreras universitarias de grado. En el artículo 7 especifica que el ingreso a la universidad debe ser libre e irrestricto, prohibiendo los exámenes de ingreso eliminatorios u otros mecanismos de inclusión. Esta disposición va contra la facultad constitucional de las universidades de poder decidir sobre las formas de ingreso a ellas. En este momento, muchas tienen instrumentados exámenes selectivos de ingreso y quedarían imposibilitados de hacerlo. Si comparamos con otros países hermanos, comprobamos que tienen examen: Chile donde se gradúa un 60% más de universitarios que nosotros y, Brasil con examen de ingreso, gradúa el doble de nuestras casas de estudios. Por lo tanto, esa razón argumentada es inválida (Dr. Pedro Luis Barcia, presidenta de la Academia Nacional de Educación).
Así, se cierra la puerta al examen de ingreso, que las universidades instrumentaban bajo la modalidad de "Cursos de Nivelación” para enseñar lectura y escritura debido a los masivos aplazas producidos cada año. Los alumnos deben comprender que estudiar es un trabajo, necesita esfuerzo, dedicación y no permitir el facilísimo del ingreso de esta manera, sin exámenes. Esta medida interfiere en cada universidad que desea darle inclusión y calidad. Al nivel superior, deben llegar los mejores alumnos, los más capacitados intelectualmente, para asegurar con su competencia profesional, el desarrollo que, en todos los campos, Argentina necesita. Eso se hace para que no sea "élite económica” dicho examen debe estar acompañado con un sistema de becas que asegure el ingreso y permanencia de los alumnos de menores recursos. Este banco de becas en la actualidad, es lo más débil del sistema. Los datos oficiales muestran una realidad gravísima en las universidades de gestión privada se gradúan 47 universitarios de cada 100 que ingresan. Pero en las universidades de gestión oficial de todo el país, sólo se gradúan 27 alumnos de cada 100 ingresados. Es decir, que un 63% no llega al final de su carrera. "Hemos pagado todos los argentinos la permanencia en las aulas por cinco o más años de ese 63% flotante sin provecho para nadie” (Dr. Pedro Luis Barcia, Presidente Academia Nacional de Educación). Hoy no podemos negar la falta de articulación entre nivel secundario y superior. Los alumnos carecen de los mínimos contenidos de cada área. Nos preguntamos: ¿Qué harán las universidades con los egresados de nivel medio con tan paupérrima baja calidad como es no saber leer ni comprender lo que leen? (analfabetos funcionales). La modificación de la ley superior, no favorece la cultura del trabajo, la actitud del esfuerzo y la dedicación.