Un gran cambio se ha producido en la relación de los docentes con los alumnos y los padres. De una época en que el maestro tenía el absoluto respeto de los padres y, consecuentemente, de los alumnos, se ha pasado a una etapa en la que el docente ha perdido no sólo su consideración entre los educandos sino que está sujeto a ser denunciado y hasta agredido por los progenitores. Todo esto lleva a que el proceso de enseñanza-aprendizaje entre en un ámbito de mucha tensión, que impide el desarrollo de todas las potencialidades, deteriorando la calidad educativa.
Este panorama está creciendo en conflictividad, por lo que los educadores solicitan la implementación de normas de protección que posibiliten el desarrollo de la profesión en mejores condiciones. Una de estas manifestaciones tuvo lugar hace unos días en la ciudad de Mendoza, donde un grupo de unos 80 maestros se reunió para repudiar el caso ocurrido en la escuela Origone, de Las Heras, donde una docente fue golpeada por una madre a raíz de un problema interno.
Más allá del repudio a los hechos de violencia, los educadores reclaman una ley que los proteja de las agresiones e insultos que reciben a diario. Además de la norma citada, también piden que se instrumenten otras medidas como la aplicación de sanciones a los padres que no retiran a sus hijos de las escuelas en el horario que corresponde, lo que es motivo de conflictos en numerosas ocasiones.
Este reclamo se está generalizando debido a los numerosos casos que se registran en todas las jurisdicciones, por lo que las acciones para restablecer el respeto en el ámbito escolar deberían ser prioritarias dentro de la política educativa.