El río San Juan, que cubre las necesidades de riego de la mayor extensión de tierras cultivadas en la provincia, registra uno de los caudales más bajos de los últimos 100 años: a mediados de enero pasado se aforaron 22,3 metros cúbicos por segundo. No es un dato menor si se tiene en cuenta la expansión agrícola en el Valle de Tulum y sabiendo que no hay expectativas de que el cuadro pueda mejorar.
El escurrimiento en las cuencas es ínfimo, según los informes técnicos, ya que el escaso derretimiento se filtra en el terreno. Los reservorios, caso de las presas de Caracoles y Ullum, son un buen paliativo, más si han suspendido la generación eléctrica para evitar mayores erogaciones, pero también debe observarse que en el contexto de la sequía histórica está el mayor consumo. Y los problemas alcanzan a los acuíferos subterráneos, dejando inactivos a numerosos pozos por la bajante de las napas lo que obligó a profundizar las perforaciones y en muchos casos sin resultados positivos.
El panorama es preocupante, como advierte el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Guillermo García, porque más allá del impacto de los fenómenos climatológicos que diezmaron los viñedos, la crisis del riego puede ser peor en 2012 si los ciclos nivales no se revierten, tanto en nuestra provincia como en Mendoza, donde cunde la misma alarma porque además hay un marcado retraimiento de los glaciales.
La reacción de las autoridades ha sido oportuna, con una línea crediticia aceptado por los productores, aunque sin los alcances del Fondo de Transformación Tecnológica de Mendoza. Por ahora la cosecha es la prioridad y no hay demandas masivas de los préstamos a tasa cero para optimizar el riego, de hasta 100.000 pesos, en base al costo del riego presurizado de unos 12.000 pesos por hectárea. Se trata de una buena oportunidad para modernizar los métodos de riego, pero también otro gasto que se debe asumir en momentos de pérdidas enormes por los temporales y lo que se lleva la inflación. Traducido a dólares, una finca de 20 ha. necesita U$S 60.000 para sistematizar el riego y si bien se devuelve en 5 años, son U$S 12.000 por año, lo que obliga a meditar.
Todo ello plantea la necesidad de declarar una zona de desastre con medidas fiscales extraordinarias. No se trata de una crisis del agro con repercusión turística de temporada, sino de la macroeconomía provincial castigada por un cambio climático que puede llegar a ser catastrófico.