La presidenta Cristina Fernández negó en la VI Cumbre de Presidentes de la UE-América latina, que el Gobierno impida el ingreso de productos alimenticios en Argentina. El temor de los empresarios es que, en los hechos, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, es quien autoriza o no las importaciones.
Cuando un país quiere que su economía crezca, utiliza una vieja receta: el comercio. Compra y vende. Fabrica lo mejor que sabe hacer y trata de venderlo al mayor precio posible; busca oportunidades y se esfuerza para elaborar con valor agregado para que más trabajadores y empresarios se beneficien. Basta repasar la historia de EEUU, China, Inglaterra o, más cerca Brasil. Ninguno es tan ingenuo como para permitir la apertura indiscriminada de sus economías, pero todos ellos tienen una estrategia a largo plazo.
No es el caso de Argentina. Si el país exporta alimentos por U$S22.000 millones e importa por poco más de mil millones, es evidente que no hay déficit comercial. La aplicación de la medida que busca restringir la importación de alimentos en vez de proteger a algún sector específico puede afectar a toda la producción agroindustrial. La Unión Europea y Brasil ya lo han advertido y China ya trabó el ingreso de aceite de soja argentino como represalia.
Si bien todos los países utilizan barreras arancelarias para proteger en un determinado momento a un sector específico de su producción, lo cierto es que desde que se creó la Organización Mundial del Comercio hace 15 años, la aplicación de medidas contra el comercio desleal tiene parámetros precisos. Lamentablemente, según Guillermo Moreno, pareciera que las reglas no son para respetarlas.