Según estadísticas a nivel nacional por cada persona que muere en un accidente de tránsito hay unas 30 que resultan heridas y que requieren en forma urgente atención médica, la que generalmente se ofrece en hospitales públicos, como es el caso de San Juan.
Alto costo de los accidentes
Los siniestros viales implican un gasto millonario al Estado para atender a heridos en los hospitales públicos.
Esto pone de relieve un tema que es preocupante desde diversos puntos de vista; por un lado la asignación de recursos médicos que se deben tener disponibles para atender estas necesidades que, generalmente, son acuciantes ya que está en peligro la vida de los accidentados, y por otro el gasto que representa para el Estado la atención de los damnificados.
Si tenemos en cuenta que en nuestra provincia el año pasado hubo 136 muertos en distintos siniestros, según datos obtenidos de fuentes propias, presentes en cada uno de los accidentes, la relación indica que hubo unos 4.080 heridos de diversa gravedad que recibieron asistencia médica de urgencia por parte del Estado, a un costo que no ha sido precisado desde el área de Salud Pública ni de otros organismos oficiales.
Muchas veces esta asistencia de emergencia ha postergado la atención reclamada por otros sectores de la población, que habitualmente concurren a los hospitales públicos porque carecen de los medios para otras formas de atenciones o no disponer de una obra social que les ofrezca una cobertura conveniente.
Un estudio realizado en Mendoza ha determinado que el Gobierno de esa provincia gasta alrededor de 2.500 pesos por cada herido en accidente de tránsito que ingresa a uno de sus hospitales. De utilizar esos mismos valores, en San Juan podríamos estar hablando de un gasto cercano a los 10.200.000 pesos, una suma considerable que en un ínfimo porcentaje es reconocido por las compañías de seguros, ante las que generalmente no se realiza la tramitación correspondiente, quedando exclusivamente a cargo del Estado el costo total de la atención a las víctimas hospitalizadas. Estas estimaciones sobre los costos a cargo del erario, no incluyen la intervención de otras dependencias estatales en cada siniestro.
La necesidad de reducir drásticamente el índice de accidentes en la vía pública no sólo tiene en cuenta evitar muertes y daños materiales, sino hacer que el Estado gaste menos en este tipo de atención pudiendo traducir este costo en mejores servicios para la población en general, o implementando campañas de prevención que redunden en un tránsito más seguro.