Los altos costos laborales que genera al empleador en la Argentina, condiciona a la relación de dependencia e impulsa el trabajo "’en negro” perjudicando a quien carece de cobertura asistencial y previsional en clara marginación social.
Ante la gravosa responsabilidad del empleador, se creó un sistema que atendiera accidentes laborales mediante un seguro obligatorio dispuesto por la ley 24.557, de 1996, con la creación de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), con una cobertura a casi 8,8 millones de trabajadores, casi la mitad de los ocupados en el país. Pero la legislación que pretendía atender una cuestión crucial, fue cuestionada de inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en varios de sus artículos, lo que derivó en la ley 26.773, que modificó sustancialmente las indemnizaciones por incapacidad -al elevarlas y disponer su actualización periódica- y dispuso un sistema por el cual un trabajador accidentado o con una enfermedad laboral, debe optar en forma excluyente entre cobrar la reparación económica prevista para su caso por la ley, o iniciar una demanda judicial.
Precisamente la necesidad de esta reforma fue que la Justicia rechazó la pretensión de cortar el camino hacia un litigio por parte de los empleados cubiertos por una ART, uno de los puntos cuestionados de la ley 24.557, pero el sistema quedó bajo una lluvia de juicios, tanto contra las empresas empleadoras como contra las aseguradoras. No obstante, los nueve meses desde la reforma no alcanzaron para dar nacimiento a un sistema con baja judicialidad y todavía se espera la reglamentación de la norma, para lo cual trabajan las autoridades de la cartera laboral con sindicatos y empleadores, en particular sobre puntos críticos como las enfermedades no incluidas todavía en la cobertura.
Lo cierto es que entre 2004, año en que se plantea el cuestionamiento judicial, y 2012, el número de demandas iniciadas pasó de 3878 a 64.123, un crecimiento de más de un 1500%, según datos de la Unión de ART y la proyección para el año el curso -basada en los litigios de los primeros meses- indica que se llegaría a las 74.977 demandas, un 17% más que en 2012, lo que indica estar lejos de la disminución de los pleitos. Es más, el sistema da lugar a otra "’industria” del juicio que beneficia a otros actores y perjudica al ámbito laboral.