Las nuevas tarifas del gas domiciliario, que desde el mes pasado tienen aumentos que impactan considerablemente en el presupuesto familiar, han generado la lógica reacción de los usuarios al considerarlas excesivas, aún cuando las autoridades nacionales advierten que el desfasaje se debe a la quita de subsidios e incremento de consumo.
En algunos casos se trata de aumentos del 676% con respecto a las boletas anteriores y sin mayores variaciones de consumo, lo que ha dado lugar tanto a protestar ante las distribuidoras en las diferentes regiones del país como también con presentaciones ante la Justicia y planteos que entidades como la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina reunida de urgencia para tratar el tema.
También el juez federal Alfredo López dictó una cautelar a partir de un recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Consumidores y Usuarios, sede marplatense de la Liga de Amas de Casa y la Defensoría del Pueblo, ante el aluvión de quejas de los usuarios que recibieron la última factura. El magistrado sostuvo que el incremento es desproporcionado, abusivo e inaplicable. "Las resoluciones cuestionadas carecen de proporcionalidad y progresividad necesarias para teñir las modificaciones tarifarias de razonabilidad”, señaló el juez, al ordenar retrotraer la tarifa y restituir lo que se les facturó de más a los usuarios.
La respuesta oficial no fue del Ente Regulador del Gas (Enargas), el organismo destinado a controlar a las distribuidoras, ni tampoco lo hizo la Secretaría de Energía a fin de aclarar los procesos relacionados con la medición, facturación y prestación del servicio. Quien lo hizo, con un enfoque político que tuvo tantas críticas como los de los nuevos cuadros tarifarios, fue el jefe de Gabinete en su habitual contacto con la prensa, el jueves último.
Según Jorge Capitanich, el aumento se justifica por el mayor consumo por parte de los usuarios y destacó que la evolución de la tarifa es "sustancialmente inferior” respecto a la del salario mínimo que supera el 2.000%, lo mismo que el haber jubilatorio mínimo y el incremento salarial promedio de paritarias. La relación que hace el funcionario sobre el supuesto poder adquisitivo de jubilados y asalariados para absorber el tremendo aumento tarifario se puede rebatir fácilmente con el sentido común en el contexto inflacionario, pero es más descabellado aún cuando afirma que "el incremento en la tarifa es porque consume más”. Justamente tras un invierno por demás benigno en todo el país.