En estos primeros siete meses, 19 periodistas fueron asesinados en América latina. Preocupa, además, que esos casos no estén focalizados solo en México, sino extendidos por Honduras, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, lo cual implica que el narcotráfico, fuente principal de la violencia, está expandiendo sus tentáculos por toda la región.

La reportera mexicana Yolanda Ordaz es la última de las víctimas. La degollaron la semana pasada en Veracruz, dos días después de ser secuestrada mientras reportaba asuntos policiales en el periódico Notiver. Las autoridades destacaron que tenía complicidades con el cártel de los temibles Zetas; y anunciaron que investigarían a todos los reporteros que cubren la fuente policial, en busca de vínculos con la delincuencia.

Es posible que haya vinculaciones. El periodismo no está exento de corrupción, aunque la víctima era humilde y no ostentaba las comodidades derivadas de nexos con los narco. Una vez más, podríamos estar ante el patrón de conducta de muchas autoridades de victimizar a las víctimas, para justificar su incompetencia y ganar tiempo. Las excusas y la inacción gubernamental para detener la violencia y su impunidad generan autocensura y espantan al periodismo. Notiver anunció que cinco de sus cronistas abandonaron el periódico y la ciudad por falta de garantías para trabajar. El desbande está justificado. Semanas antes de Yolanda, otro de sus periodistas fue ejecutado.

Pero las garantías no faltan solo en Veracruz, sino en todo México. La Fiscalía Especial para este tipo de delitos contra la prensa, creada en 2006, no ha resuelto ningún caso, y solo consignó cuatro de los más de cien casos de periodistas, entre asesinados y desaparecidos, de los últimos 20 años. Tampoco existen garantías en plazas violentas, como Ciudad Juárez, donde policías, soldados y narcotraficantes están acusados por los mismos crímenes, así sean robos, extorsiones, secuestros y trata de personas; o en países como Honduras y Brasil, donde el crimen organizado tiene alto grado de consanguinidad con la corrupción política.

Quizás se necesita forzar aún más la colaboración del gobierno de EEUU. No sólo para que trate de reducir el consumo de drogas y contener el tráfico de armas hacia México, de por sí medidas que reducirían en parte la fuente de violencia; sino que además adopte medidas económicas contra aquellos países que se crucen los brazos ante los crímenes contra periodistas.

El gobierno de Barack Obama ya creó esa herramienta, pero nunca la aplicó. Se trata de la Ley de Libertad de Prensa Daniel Pearl, en homenaje al periodista del Wall Street Journal asesinado en Pakistán, la cual permite condicionar la ayuda financiera a aquellos gobiernos que no protejan la libertad de expresión. Si los gobiernos de México y América Central sintieran que peligra su ayuda financiera para combatir la delincuencia, o si los de Colombia y Panamá vieran que tambalean sus tratados de libre comercio, seguramente se sentirían más motivados para prevenir ataques violentos contra periodistas, evitando que se repita este trágico 2011 que vive la prensa del hemisferio.