La Comisión de Enlace dispuso la medida de fuerza, que incluye el cese de venta de cereales y oleaginosas durante una semana, al no tener respuesta oficial sus reclamos. Según la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, el costo total de las medidas de intervención en el mercado de trigo de 2006 a 2010 fue de 4608 millones de dólares.

Se confirma una vez más que el intervencionismo para abaratar alimentos genera beneficios a sectores no necesitados y grandes empresas, provocando dilapidación de recursos. Las políticas para proteger la mesa de los argentinos han conseguido el efecto contrario, poniendo en riesgo el abastecimiento y relegando el cultivo de trigo a la menor área sembrada desde 1902. El interrogante es acerca de cuáles son los intereses que defiende el Gobierno nacional.

Las retenciones al trigo del 23% son en definitiva el único motivo visible por el que el Ejecutivo debiera luchar. Significan ingresos fiscales por unos 475 millones de dólares, que representan menos del 5% del total que se va a recaudar por retenciones durante la campaña agrícola. Aunque ínfimas, el PE está lejos de otorgar cualquier tipo de rebaja o eliminación de las retenciones al trigo y lo curioso es que el campo tampoco reclama nada del gravamen. Los ingresos fiscales, no son los que están en juego.

El problema es que para los productores de trigo el 23% de retenciones no es el fin de las deducciones que padece, sino el comienzo. Debido a la intervención del Estado, por medio del manejo discrecional de los cupos y permisos de exportación, manejados desde la Secretaría de Comercio Interior, desapareció la pugna de precios entre los molineros que abastecen el mercado interno y la exportación. De esta falta de competencia resulta que el diferencial entre el precio internacional descontando las retenciones y el cobrado por los agricultores promedia otros 20 puntos de porcentaje. Son los 60 dólares menos por tonelada

En los cuatro años que tiene de vigencia la intervención en el mercado de trigo, representó cerca de 2000 millones de dólares. Se trata de algo que, como lo describiera la Comisión de Enlace, es una "ganancia obscena'' que fue a parar a los bolsillos de la exportación y la molinería, y que no ingresaron al fisco. No llega a entenderse pues, cuál es el interés oficial de entablar un nuevo litigio con el campo. Aunque tal vez sí, cuando se descubre que la política agropecuaria tiene graves fallas desde hace bastante tiempo.