Un amigo con muchos años de experiencia en los debates de los partidos políticos y otros ámbitos de poder, me dijo esta semana: "Uñac les tiró la pelota y les dijo a los judicializadores de la política, 'ahí tienen, ahora les toca mover a ustedes', y el baile empezó". Los judicializadores de la política son, obviamente, José Luis Gioja y Marcelo Orrego, quienes no encontraron mejor hombro que el de una jueza para ir a llorar, luego del movimiento político del Gobernador de quitar las PASO. Movimiento muy anunciado, además, porque desde que el pocitano pidió públicamente la suspensión de las Primarias nacionales hasta que se eliminaron en San Juan, pasó más de un año. Esta semana, la modorra opositora volvió a sufrir un remezón cuando el propio Uñac reclamó eliminar las candidaturas dobles o testimoniales, una herramienta legal que Orrego empezaba a lustrar para la elección del año que viene, como ya lo hizo en 2019 cuando fue candidato a gobernador y luego a diputado nacional. Orrego y el resto del macrismo tienen dos caminos ahora: sentarse a negociar con Uñac normas de convivencia menos favorables, o resolver las candidaturas ya mismo, cosa que parece bastante más difícil.

El diputado nacional, en una extensísima entrevista el viernes en Radio Sarmiento, intentó disimular su doble postulación de hace tres años hablando de los plazos legales, de la temporalidad de las elecciones. Para Orrego no se puede llamar doble candidatura cuando un dirigente se presenta a dos cargos distintos en dos elecciones diferentes, siempre y cuando se respeten los plazos legales de cada contienda electoral, aunque ambas hayan ocurrido el mismo año. En 2019 Orrego se presentó como precandidato a gobernador en las PASO provinciales del 31 de marzo y luego en la General del 2 de junio. Posteriormente fue precandidato a diputado nacional en las Primarias nacionales del 27 de octubre y candidato al mismo cargo en la General del 24 de noviembre. Es decir, entre la fuerte convicción de querer gobernar San Juan y la vocación legislativa que lo encaminó al cargo que hoy tiene, pasaron cuatro meses y pico. La gente cambia de orientación con una rapidez que llama la atención. Y, para colmo, no le gusta que se lo digan. Nadie discute la legalidad de la maniobra, aunque sí la motivación y mecánica de la misma. No es posible apuntar a todo, mucho menos cuando se trata de funciones tan distintas. La única forma de explicar una maniobra de ese calibre sin mentir es admitir que la naturaleza es la supervivencia política, y no la vocación de servicio. Es hacer lo que sea para tratar de mantenerse a flote, para no quedarse sin cargo ni estructura y estar en boca de los medios. Esa es la naturaleza de postularse a dos cargos distintos en un mismo año. Y, sí, se trata de una doble postulación, aunque al legislador no le guste la frase. Muy legal y válida en el juego de la política, aunque separada de lo que hoy está pretendiendo el ciudadano.

Lo de las candidaturas testimoniales es un poco más complejo y ocurrió en menos oportunidades en la historia política de la provincia. Es probable que los casos de Walberto Allende y Alberto Hensel, quienes no llegaron a asumir como diputados en 2015 y fueron convocados por Uñac para ocupar los ministerios de Desarrollo Humano y Minería respectivamente, no puedan colocarse en la categoría de testimoniales. Ambos habían sido anotados en las listas de legisladores por José Luis Gioja, quien dejaba la Gobernación ese año, luego de 12 continuos en el cargo. Uñac, una vez electo, los sacó de la Legislatura y los puso en puestos clave de su gestión. Es difícil pensar que el actual mandatario, por aquella época con la sombra de Gioja sobre sus hombros, haya pensado a la hora de armar las listas en que los iba hacer renunciar luego, pero todo es probable, por supuesto. La oposición cita estos casos como testimoniales, pero para mí es difícil que haya sido de esa forma.

El caso más flagrante de candidatura testimonial que no admite debate lo protagonizaron el empresario y senador Roberto Basualdo, el abogado Guillermo Baigorrí y la empresaria Adriana Marino, en la elección del 23 de octubre de 2011. Basualdo, por aquellos años líder indiscutible de Producción y Trabajo, debía entregar la banca de Senador y también había elecciones a Gobernador. Al comienzo se pensó que el letrado y hoy juez de Cámara debía ser candidato a primer mandatario provincial y que el empresario debería intentar ser reelecto en la Cámara Alta, pero por estrategia electoral invirtieron los roles y Basualdo terminó postulándose en tercer lugar de senadores y también al sillón de Paula y Libertador. Baigorrí encabezó la lista de candidatos a la senaduría de la oposición, secundado por Marino. El 13 de septiembre de ese año, antes de la elección, Baigorrí declaraba a los medios: "No es algo que esté armado para que yo renuncie, pero siempre está la posibilidad". 40 días después sería electo senador, y a las 72 horas del triunfo, confesaría: "Se puede hacer todo lo que permite la ley. No hay ilegalidad, ni ninguna deslealtad. A ustedes les cuesta creer, pero es la verdad, esto no estaba armado para que suceda. Era sólo una posibilidad". Baigorrí se bajaba. Había resultado electo el domingo y el miércoles anunciaba su dimisión, lo mismo que Adriana Marino. Basualdo asumiría luego como senador. Lo testimonial fue flagrante. Embaucaron a la sociedad. Y eso es lo que está en debate hoy. No la legalidad.

En la sesión del viernes Uñac también pidió que los diputados trabajen en una legislación destinada a "impedir que quienes sean condenados por delitos accedan a ocupar funciones públicas", según sus propias palabras. Es muy difícil crear un proyecto de ese tipo sin lesionar derechos consagrados en la Constitución, por tanto, es muy probable que esa iniciativa jamás vea la luz. Ni que hablar de la ordenanza que sancionaron los concejales de Rivadavia, llamada "Ficha limpia". Sin estudiarlo, los ediles avanzaron sobre leyes provinciales, el Código Penal y hasta la Constitución. Es inaplicable y terminará, seguramente, muerta por inconstitucional. Raro de concejales abogados. O de malos abogados sin trabajo en su profesión, no se sabe.

La otra pregunta que surge en los comentarios de cafés es la del giojismo. Ese minúsculo sector del PJ sanjuanino amenaza con hacer todo para provocar una derrota del peronismo, pero a la vez extiende la mano para una posible negociación con la conducción del partido. ¿Qué quieren? Cargos para la familia. Una banca de senador para José Luis, la Municipalidad de Rawson para Juan Carlos, y una banca en la Legislatura para Leonardo. Y si hubiera espacio, también para Graciela Seva y algún otro. Más o menos lo mismo pretende el orreguismo. Pero desde ambos sectores están pretenciosos de que el Gobierno se lleve el costo político de imponer una Ley de Lemas. Es posible que Uñac les entregue esa herramienta, aunque por lo que pasó el viernes en la Cámara, no será gratis para ninguno. Por lo bajo algún que otro dirigente de llegada a la oficinita de 9 de Julio y avenida Rioja, dijo esta semana: "Lo único que lo motiva al Flaco es ver perder a Uñac. Su militancia está puesta en eso solamente y no se da cuenta que eso nos arrastra a todos". Sí se da cuenta, creo yo, pero no le importa mucho, parece. José Luis está más cerca de lo que él cree de terminar su carrera política en la soledad más lastimosa y absoluta que jamás imaginó. Negociar es lo único que le queda. Insisto: el baile empezó.