El Gobierno nacional se encuentra ante una situación nada fácil, ya que le será muy problemático demandar ante la Justicia la anulación de lo votado por los senadores de la oposición para modificar la coparticipación de citado impuesto, y vetar la ley que eventualmente se sancione tendrá un alto costo político.
Desde el oficialismo se sostiene que es inconstitucional el cambio de reparto entre las provincias y la Nación a la que se acaba de dar media sanción e invocan el inciso tercero del artículo 75 de la Constitución Nacional en el que se afirma que es atribución del Congreso "establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".
Pero fue la convencional constituyente Cristina Fernández de Kirchner una de las que impulsó ese inciso que tenía y tiene un fin que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se votó ahora en la Cámara alta. Los constituyentes quisieron impedir que en el futuro, con una ley sancionada con mayoría simple, se quitara dinero al conjunto de las provincias para formar un fondo con asignación específica que beneficiara a unos pocos. Se pensaba en ese entonces en el conflictivo Fondo del Conurbano Bonaerense, al que se había asignado por ley, el 10% de la recaudación de ganancias, un impuesto coparticipable.
La semana pasada, en cambio, el Senado de la Nación modificó en favor de las provincias el reparto entre estas y la Nación, del producto de la aplicación del impuesto a los créditos y débitos bancarios, al que no se le dio asignación específica alguna. En noviembre de 2006 ya se le había quitado la afectación específica al impuesto al cheque, cuando esos fondos pasaron a Rentas Generales, para sustentar el programa económico. La ley ahora votada no modificó ni creó una asignación específica, sino que la derogó, por eso no requería mayoría especial.
El 3 de agosto de 1994, la actual Presidenta había afirmado como convencional constituyente que era necesario que las provincias impidan que la Nación realice una nueva detracción de la masa coparticipable con destino a alguna otra asignación específica. Es decir que, la preocupación de los constituyentes reflejada en las exigencias del inciso tercero del artículo 75 de la Constitución, no tiene nada que ver con lo sancionado ahora por el Senado.