La decisión del Gobierno argentino de concederle estatus de refugiado político al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, fundador del "Frente Patriótico Manuel Rodríguez" y acusado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards, hijo de uno de los dueño del diario El Mercurio, hechos perpetrados en plena democracia, es una medida desacertada que puede lesionar seriamente las relaciones bilaterales.

La determinación de la Casa Rosada se fundamenta en un informe de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), que concluye en una verdadera afrenta para el país hermano, ya que considera que si Apablaza es extraditado, no tendría en Chile las garantías de un juicio justo. Una verdadera paradoja, porque si se busca en el continente un modelo de país donde funcionan plenamente las instituciones, es precisamente la nación trasandina, donde este caso representa una cuestión de Estado, según ha manifestado el presidente Sebastián Piñera.

Por ello el mandatario chileno cuestionó en duros términos la decisión del Gobierno argentino de conceder asilo político a Sergio Galvarino Apablaza Guerra, quien planificó y asesinó a un senador durante el gobierno democrático de 1991. "La decisión que ha tomado la Conare en Argentina significa un retroceso para la causa de la justicia y de los derechos humanos en mi país", señaló Piñera, a la vez de remarcar que en Chile "hay garantías para el debido proceso".

La indignación de las autoridades chilenas se justifica al conocer los fundamentos que han trascendido de la valoración de la Conare. Por ejemplo, que se trata de "un militante político, un luchador contra la dictadura", y por ello "no es un ciudadano común", sin tener en cuenta que la dictadura pinochetista ya no existía al ocurrir el crimen. También sostiene que la Corte Suprema de Justicia no dice en su fallo que Apablaza hubiera estado involucrado en los hechos por los que se lo acusa en Chile, lo cual es otro absurdo, ya que el Alto tribunal sólo juzgó la figura de la extradición, no los ilícitos cometidos por el sujeto en Chile.

En el fondo, el caso giró hacia la política doméstica, a costa de lesionar las buenas relaciones con Chile por un injusto agravio a sus instituciones republicanas. Nuestro Gobierno descalificó el pronunciamiento de la Corte y, ante todo, ha complacido a Hebe de Bonafini, la mayor defensora del delincuente chileno.