La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un amparo judicial contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por demorar y resistirse a brindar la información de más de 300 expedientes vinculados con auditorías realizadas al Gobierno nacional durante el año pasado.
Desde marzo último, la Sigen se negó a entregar esa documentación a la AGN al aducir que se trataba de datos personales y retiró de su página web todos los informes de control que eran de acceso público. Las trabas de la Sigen para entregar sus informes en forma automática evidencian, una vez más, los obstáculos inadmisibles que persisten en nuestro país para acceder a información pública. Se hace necesaria y urgente la sanción de una ley nacional de acceso a la información que respete estándares internacionales y termine con este tipo de prácticas contrarias a la transparencia.
Con su modo de actuar, la Sigen pierde una oportunidad para cumplir con mayor eficacia su misión institucional. Aunque su sitio web presenta un listado de los informes producidos en los últimos años, para acceder a su contenido es necesario realizar un pedido por escrito en la sede del organismo, consignar diversos datos personales y detallar la información solicitada. Esta práctica supone una regresión, ya que antes se podía acceder a los informes de la Sigen sin restricción alguna, y sin duda, es contraria al derecho a la información reconocido en forma expresa en la Constitución nacional desde la reforma de 1994.
El control de los procesos y de la legalidad de la actuación administrativa de los funcionarios es una parte sustancial de un modelo moderno de control de la gestión pública. La Sigen y la AGN pueden tener un impacto sustancial en la calidad de las políticas públicas. La AGN debe ser capaz de formular verdaderos informes que describan el impacto de las políticas y alimenten una discusión parlamentaria de calidad sobre el presupuesto público. Para cumplir con este objetivo, debería considerar atentamente la información que la Sigen está en condiciones de brindar a partir de un cuerpo de funcionarios de carrera bien formados y con una larga trayectoria en el Estado. La Sigen es el órgano de control del Poder Ejecutivo y, por eso, el propio presidente de la Nación debería promover la publicidad de los informes del organismo.
Los documentos tratan sobre la calidad del gobierno, y contar con una Sigen transparente y promotora de las mejores prácticas de control debería ser una meta clave de todo responsable del Poder Ejecutivo.