Mientras se hacen esfuerzos mundiales para crear conciencia acerca de la necesidad de cuidar el hábitat universal para evitar los efectos del cambio climático, por otro lado crece la deforestación y Argentina se encuentra entre los diez países más depredadores del planeta, según un ranking de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), presentado en el Congreso Forestal Mundial que se realiza en Durban, Sudáfrica.
De acuerdo a estas revelaciones, nuestro país pierde anualmente cerca de 300.000 hectáreas de sus bosques naturales, lo que equivale al 1% de la masa boscosa total del territorio nacional. Brasil lleva la delantera en la tala indiscriminada del planeta, erradicando casi un millón de hectáreas anuales en el Amazonas y lo siguen Indonesia con 684.000 hectáreas, Myanmar (-546 mil), Nigeria (-410 mil) y Tanzania (-372 mil). Pero los avances significativos son de Paraguay, en sexto lugar, con la pérdida de 325.000 hectáreas cada año debido a un proceso similar al argentino: la tremenda depredación del llamado Gran Chaco, una de las regiones forestales más amenazada a escala global, con 10 millones de hectáreas por efectos de la agricultura, principalmente de la soja.
Para las organizaciones ecologistas, la deuda ambiental argentina sigue creciendo sin control. También lo confirma un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, al indicar que cada dos minutos se arrasa una hectárea de bosque nativo en el país, información que surge del monitoreo oficial para comprobar los niveles de cumplimiento de la ley de protección de bosques nativos, actualizando datos de desmontes hasta diciembre de 2013. Los resultados están en la web del organismo, sin dar precisiones sobre las medidas adoptadas -si las hubo-, pero de mantenerse tal proyección, las cifras de la tala indiscriminada será muy superior a las de estimaciones oficiales.
Según afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, resulta evidente la falta de decisión política para cumplir la Ley de Bosques de los gobiernos de Santiago del Estero y de Salta, donde se autorizan desmontes en bosques protegidos a pedido de terratenientes, generando un grave impacto ambiental y el desalojo de campesinos e indígenas. En ese sentido la Nación debería frenar a las provincias norteñas porque la legislación es precisa, no tiene vacíos ni da lugar a segundas interpretaciones, para violarla tan impunemente.