El presidente estadounidense Barack Obama firmó una ley que lleva el nombre del periodista Daniel Pearl, que en 2002 después de estar secuestrado en Pakistán mientras trabajaba para el "Wall Street Journal", sus captores terroristas lo decapitaron ante las cámaras. Su familia, que siempre se negó a que este abominable crimen quede en el olvido, logró que se dicte esta ley que exige al Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, que en sus informes sobre derechos humanos incluya el estado de la libertad de prensa en el país analizado.

La importancia de la ley aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de junio de 2009 y por el Senado el 7 de mayo de 2010, radica en que después del diagnóstico, el gobierno estadounidense suele reclamar acciones para que los errores, manipulaciones u omisiones sean remendadas, so pena de que puedan aplicarse sanciones, entre ellas, económicas, las más difícil de superar por los gobiernos extranjeros.

Tanto el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Derechos Humanos y otros organismos multilaterales siempre se han excusado de no aplicar algún tipo de sanciones o negar a los países asistencia financiera, cuando en éstos no se respeta la libertad de prensa o de expresión; como se les ha solicitado a menudo.

Esta ley estadounidense abre las posibilidades de castigar económicamente a aquellos países que perjudican la libertad de prensa o permiten que los crímenes contra la libertad de expresión, por ejemplo el asesinato de periodistas, queden impunes.


Arizona y las encuestas

He visto un programa de "Univisión" en el que los periodistas María Elena Salinas y Jorge Ramos en un foro televisivo por la Ley 1070SB de Arizona, que criminaliza la inmigración ilegal, estuvieron permanentemente bregando y preguntando y digitando sus preguntas para hacerla ver como racista e inconstitucional, a pesar de que mostraron cierta objetividad en el equilibrio bipartidista de los invitados.

No discrepo sobre que la ley puede ser mala, pero lo que no me gustó es que los periodistas trataron de llevar toda la noche a la audiencia a tener una reacción contraria a la prensa, algo que vino sucediendo con la mayor parte de la prensa. Salvo algunas excepciones, la ley antiinmigrante de Arizona, es duramente criticada por los activistas de derechos humanos y civiles, por la prensa, por los artistas de diferentes disciplinas, por los líderes de opinión, por la Unasur, y por el propio Barack Obama, cuyo gobierno considera bloquearla a través del Ministerio de Justicia, lo que daría lugar a un debate nacional sobre una ley que regularice a millones de indocumentados.

Lo que no me gustó es que se haya dicho poco de una ley que si bien ha generado la repulsa de miles de hispanos y otras minorías, provocado que varias ciudades importantes le declararan el boicot a Arizona, es que no se haya dicho nada sobre las encuestas del Pew Center que esta semana mostraron que un 73% de estadounidenses la apoya. Otro sondeo de McClatchy-Ipsos a principios de este mes, reveló que el 61% de los estadounidenses está de acuerdo con la ley (64% son electores), por motivos relacionados con la seguridad y el desempleo.