El Sistema Argentino de Bibliotecas Públicas de Gestión Privada se estableció en 1870 por la ley 419 de Bibliotecas Populares durante el gobierno de Sarmiento.
La Ley estuvo inspirada en la experiencia de las bibliotecas por suscripción estadounidenses y concibió un sistema de bibliotecas públicas establecidas por asociaciones de particulares y sostenidas por medio del pago de cuotas sociales, favoreciéndose su instalación mediante el apoyo estatal a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares creada especialmente por ley para colaborar con las asociaciones en la medida de su propio esfuerzo. Se estableció que la subvención que el Poder Ejecutivo asignaría a cada biblioteca popular, sería igual a la suma que ésta remitiese a la Comisión Protectora.
Sarmiento estaba convencido de que el crecimiento y el desarrollo de una nación dependían de la elevación intelectual de sus habitantes. Aseguraba que no era suficiente con la educación escolar si no se la complementaba con la labor de las bibliotecas y sostenía: "Todos los años las escuelas lanzan de su seno un contingente de hombres preparados para leer; pero que no leen por falta de libros. Esta generación y estos nuevos contingentes preparados deben ser provistos con medios de utilizar su adquisición, so pena de descuidar lo mas por lo menos, y de esterilizar el fruto de asiduo trabajo, conato y dinero invertido en las escuelas”.
Nuestro máximo prócer se había dado cuenta que para elevar el nivel cultural de la población no bastaba con la organización de un sistema de escuelas públicas, era necesario además coordinar las tareas que ellas realizaban con las de las bibliotecas públicas, percibió que las escuelas sólo podían ser las iniciadoras en el saber, eran las que podían crear el gusto en las personas por el conocimiento pero que la verdadera instrucción sólo se adquiere a partir del esfuerzo propio a través de la lectura, por lo cual era necesario poner al alcance de la población la mayor cantidad de libros posible para que sus miembros pudieran satisfacer sus aspiraciones de conocimiento, siendo a través de las bibliotecas públicas que esto se lograría y desde donde se debía estimular al pueblo a mejorar su nivel intelectual.
Esta convicción es la que sirvió de fundamento a la Ley 419 que diseñó el Sistema de las Bibliotecas Populares en Argentina.
Sin embargo esta legislación se mantuvo vigente pocos años. En 1876 la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, por cuestiones presupuestarias, fue suprimida por la Ley 800 dejando sin apoyo estatal a las asociaciones que mantenían las bibliotecas públicas. Hubo que esperar hasta 1908 para que durante la presidencia de José Figueroa Alcorta se creara nuevamente una Comisión Protectora, sin embargo ésta institución tuvo una vigencia irregular y una participación discontinua en el fomento y apoyo de bibliotecas públicas a lo largo de todo el siglo XX, desapareció con algunos gobiernos, fue recreada con algunos otros, sin poder tener continuidad ni proyecto.
Este vaivén institucional es expresivo de la falta de una política de Estado de los sucesivos gobiernos respecto a la educación permanente de los habitantes de nuestro país y fue una de las causas de la postergación del desarrollo de nuestra nación.
Esta situación de incertidumbre y desconcierto respecto de la voluntad estatal de apoyar el esfuerzo que hacían las asociaciones de particulares para mantener funcionando las bibliotecas públicas en sus comunidades se mantuvo hasta el 1986 cuando, durante el gobierno de Alfonsín, fue sancionada la Ley 23.351 que si bien rediseñó el sistema de bibliotecas públicas observó en lo fundamental el espíritu que inspiró la Ley 419 del 23 de septiembre de 1870 que creó la Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas, conocida hoy como Conabip.
Desde la sanción de la mencionada Ley han transcurrido más de 23 años y se puede afirmar que como muy pocas veces en la historia de Argentina se ha logrado implementar en ésta área una política de estado que ha trascendido el proyecto de los sucesivos gobiernos que desde 1986 se han hecho cargo de la administración del Estado. A principios de la década del 90 existían en Argentina 1.652 bibliotecas reconocidas por Conabip, en la actualidad la cantidad ha aumentado a más de 2.200, lo cual demuestra que la vigencia del sistema a través del tiempo ha sido exitoso.