La Argentina es el primer productor mundial de biodiésel, a partir del aceite de soja, seguido por Indonesia que lo produce desde el aceite de palma, un combustible destinado mayoritariamente a la exportación en mercados altamente competitivos como los Estados Unidos y Europa, además del consumo interno. Los costos de producción en nuestro país permiten una oferta internacional a valores puestos en tela de juicio o con límites proteccionistas, que han obligado denuncias ante los organismos regulatorios.
La razón de nuestro país se impuso en el largo litigio planteado en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que emitió el martes último un fallo favorable a varios reclamos argentinos relacionados con la comercialización de biodiésel castigada con aranceles antidumping. El principal freno lo impuso en 2012 la Unión Europea, con más perfil político que técnico, ya que los límites a las importaciones argentinas de biodiésel fueron establecidos poco después de la nacionalización de YPF, hasta entonces controlada por la española Repsol.
Frente al reclamo argentino, un panel de la OMC dedicó estos cuatro años a estudiar los costos de producción del carburante criollo a fin de arbitrar en la oferta, según las normas del comercio internacional, y rechazó de plano el argumento de Bruselas acerca de exportaciones ‘a pérdida” del biodiésel argentino.
El cierre del mercado europeo al biodiésel argentino ha ocasionado en estos años una pérdida de exportaciones equivalente a casi 1.600 millones de dólares anuales, con un efecto multiplicador de retracción en la producción local, con pérdidas de puestos de trabajo y todo en el contexto mundial de la caída de los precios del petróleo.