La gratuidad y la libertad de acceso a los contenidos en la red, cualidades que actualmente disfrutamos, no se avizoran en el futuro próximo. A partir del 14 de diciembre comenzará el principio del fin del internet tal como lo conocemos, experimentamos y navegamos ahora. Después de décadas de discusiones con adelantos y retrocesos sobre el tema, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU desarticulará de un plumazo el requisito de neutralidad que rige a la red.

Es un cambio profundo. Modificará nuestra relación con los contenidos. Tendremos que pagar más dinero si queremos descargar una película, que contestar un email, o pagar más por aquellos emails con videos, fotografías y documentos adjuntos. No sólo es una cuestión de precios. También estaremos restringidos de acceder a los contenidos que queramos.

La neutralidad garantiza hasta ahora que las proveedoras de servicios de comunicación como ATT, Verizon y Xfinity en EEUU o Telefónica, Tigo y Claro en América Latina traten a todos los contenidos con igualdad, no pudiendo discriminar lo que no quieren o no les conviene transportar. Tampoco pueden cobrar diferenciado por carriles de descarga rápidos y lentos, dar prioridad de tráfico a sus propios contenidos o bloquear aplicaciones y servicios de otros proveedores.

La guerra de los cabilderos ante la FCC fue siempre entre posiciones antagónicas como en cuadrilátero de boxeo. En un rincón, las grandes compañías tecnológicas creadoras de contenidos, como Google, Amazon, Facebook, Twitter, iTunes, Netflix, creen que el principio de neutralidad permite al usuario navegar el internet con libertad y gratuidad, así como descargar contenidos sin que por el tipo de velocidad requerida se deban pagar tarifas diferenciadas.

Y en el otro rincón, las empresas de comunicaciones, como ATT, Verizon, Telefónica o Claro, que siempre se sintieron discriminadas al tener que soportar la carga de las grandes tecnológicas que son las que se han beneficiado con un internet barato y sin restricciones. Afirman que deben cobrar más por velocidades diferentes y argumentan que cobrar por mejores servicios, les permitirá ser competentes, innovadores y ofrecer mayor calidad.

En defensa de los usuarios que podrían sentirse los más afectados, las nuevas directrices de la FCC establecen que el "requisito de transparencia+, junto a las "leyes antimonopolio y de protección del consumidor+, les permitirá a los usuarios fiscalizar a las empresas de comunicaciones. Podrán exigir a las autoridades del ministerio de Comercio que adopten las medidas correctivas necesarias.

Todo esto tiene jurisdicción en EEUU. Habrá que ver como esta posición va adaptándose en el resto del mundo.

De todos modos, acostumbrados a una FCC bastante maleable y cambiante, habrá que observar si la no neutralidad se convertirá en norma a futuro o si de nuevo se dará marcha atrás cuando se acumule experiencia contraria o una nueva ideología asuma el poder en el Congreso.

Por ahora reina la incertidumbre. Lo cierto, sin embargo, es que tendremos que acostumbrarnos a pagar por lo que hasta ahora era gratuito y a estar restringidos de lo que hasta ahora disponíamos con libertad.