Siguiendo la estrategia política del Gobierno de Córdoba de generar recursos para atender sus alicaídas finanzas, también en el ámbito bonaerense y en la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se se busca implementar un impuesto sobre el precio de los combustibles líquidos. Según los casos, unos argumentan la necesidad de un tributo de emergencia para el mantenimiento del sistema vial y, en la idea fiscalista porteña, para afrontar los costos del subte.
Aplicar un impuesto extraordinario a un sector de la población es distorsivo con el agravante de que estas cargas supuestamente aplicadas por única vez y para una un fin determinado, quedan para siempre, como toda medida impositiva a las que se aferran sucesivas gestiones de gobierno para no resentir la caja. Los sanjuaninos lo sabemos muy bien al tributar para el Lote Hogar, que ya no existe, y para el Fondo Solidario Hospitalario, que tampoco tiene razón de ser frente a los cuantiosos fondos destinados a la salud, o a la línea eléctrica minera. El listado de impuestos de emergencia que pagan los argentinos es enorme y cubre todo el país o provincias, según los casos, algunos que datan de las inundaciones en el Litoral, hace décadas, o los más recientes como el recargo en la facturación de la telefonía celular para aportar al deporte olímpico.
Los gobiernos de cualquier jurisdicción y signo político tienen presupuestos anuales que han elaborado según sus previsiones, y es responsabilidad de las autoridades administrarlos con racionalidad y sentido común para no caer en facilismo de seguir sangrando a contribuyentes de por si asfixiados en un país que soporta una de las mayores presiones fiscales del mundo.