Sin límites. Así describieron algunas altas fuentes judiciales a la causa de las facturas truchas y el borrado de deudas de AFIP. Como prueba de esa afirmación se puede ofrecer el caso del intendente de Caucete Julián Gil, a quien uno de los sospechosos nombra en una escucha telefónica como parte del negocio. ¿Otros intendentes? ¿Otros funcionarios? ¿Empresarios de renombre? nadie se anima a decir que no, porque en realidad no hay forma de saberlo, aún. Por ahora el juez Leopoldo Rago Gallo avanzó varios casilleros y se nota, desde afuera, que la causa tiene un impulso que hasta el 10 de diciembre no tenía. ¿Por qué? En el juzgado que dirige Rago aseguran que esta gestión (nacional) deja investigar y no pone trabas. En síntesis, esta causa es una bomba que hasta podría cambiar el escenario político, porque en el caso de Caucete, por ejemplo, algunos ya mencionan el fantasma de la intervención, nada más y nada menos. Se define en un corto plazo.
Contexto: En 2009 la AFIP local metió una denuncia sospechando la existencia de usinas de fabricación de empresas fantasma que se dedican a vender facturas a empresarios que quisieran evadir IVA. Más tarde se conoció que, además de esas ‘artes’ y con la complicidad de algunos pocos empleados de la delegación sanjuanina, ‘borraban deudas’ de contribuyentes. ¿Cómo? Según lo investigado hasta el momento, cambiaban la fecha de inicio de actividades del empresario que los contrataba. Si eso se comprueba, entonces ya no se podría hablar de ‘algunos pocos’ empleados de AFIP, porque para llevar a cabo esa maniobra se necesitaría de la complicidad de más de una oficina. El número de detenidos ya llega a 11, entre empresarios, empleados y quienes hacían los contactos con los potenciales ‘clientes’ fuera de la oficina nacional. Por lo que se sabe hasta ahora, Eduardo Cristian Olmos y Daniel Humberto Fornari serían los líderes de esta supuesta asociación ilícita. Después hay una lista importante de personas cuyos roles van descubriéndose a medida que pasan los días (ver página 6).
Rumores hay para todos los gustos y colores, pero nada confirmado aún. El fiscal federal Francisco Maldonado, dijo el viernes en Radio Sarmiento que no puede descartar que haya otros municipios que también hayan comprado facturas truchas. Por supuesto no quiso mencionar nada más, pero se habla de al menos dos departamentos. En medio de esta locura informativa, el martes de la semana pasada estuvo en San Juan el número tres de la AFIP nacional, Jaime Mecikovsky, quien vino con un claro objetivo: decirle a los empleados de la delegación sanjuanina que iban a investigar todo y que se pusieran a disposición del juez Rago Gallo para cualquier necesidad, de hecho van a auditar las maniobras de los empleados sanjuaninos con personal de otra provincia, para que no queden dudas. Y, según dijeron en AFIP San Juan, Mecikovsky también vino a decirle al juez Rago que, por información que ellos tienen en Buenos Aires, el ovillo que el magistrado desató es tan grande que seguro termina en escándalo provincial y hasta nacional. Nadie quiere siquiera pensar a qué apuntan con esas frases, pero más de un lector avispado podrá imaginar de qué se trata.
Las últimas que se dieron en San Juan fueron por motivos distintos: la de Jáchal en febrero de 2002 ocurrió por una gran movilización de vecinos de ese departamento, quienes pedían la renuncia del por entonces intendente Abdón Táñez. Hubo manifestaciones y la última, el sábado 23 de febrero de ese año, terminó con peleas, enfrentamientos con la Policía, ladrillazos que volaban de un lado a otro y heridos. El domingo 24 el exgobernador Alfredo Avelín tomó finalmente la decisión de intervenir, y puso al abogado Franklin Sánchez para normalizar las cosas.
Después, en noviembre de 2006, el exgobernador José Luis Gioja intervino la gestión de Alfredo Allegui en el municipio de Iglesia y puso a Guillermo Leonardi a cargo del departamento. En junio de ese mismo año el entonces concejal bloquista Jorge Espejo le había iniciado un juicio político a Allegui por falta de rendición de cuentas al Concejo Deliberante y esas diferencias habían provocado que el municipio se paralizara, lo que empujó a Gioja a cortar por lo sano e intervenir el Ejecutivo y el Deliberativo iglesianos.
Lo de Caucete aún no tiene comparación con esos dos casos, porque todavía hay diálogo entre el Concejo y la intendencia y no hay manifestaciones con heridos todos los días pidiendo la renuncia de Gil. Igual, el límite es muy finito. Si se comprueba que el caucetero está involucrado en semejantes irregularidades como indican las escuchas, al gobernador Sergio Uñac no le quedará mucho camino. En su entorno dicen que no le tiene miedo a hacerse cargo de ese problema, pero también advierten que todavía no es algo que se esté pensando ni estudiando. Donde suena muy fuerte esa posibilidad es en el mismo departamento de Caucete, que en sí es un polvorín de versiones, todo mundo lo sabe. Alguien llevó información a los dirigentes del peronismo y ellos mismos son los que se están encargando de esparcirla por todas partes. Igual, ninguno se atreve a decir nada micrófono en mano, sólo se limitan a amagar con un juicio político.
Lo que llama la atención es la defensa que ha hecho el basualdismo de su intendente. Se sabe, Roberto Basualdo no es de criticar mucho, pero ha sabido reconocer cuando él ha cometido errores o cuando su gente ha metido la pata. A todas luces éste es uno de esos casos y el senador ha preferido aguantar el costo político que le acarrean los errores de Gil. Al menos por ahora, veremos después.
Párrafo aparte para el juez federal Rago Gallo: si bien aseguran que hay mucho interés en Buenos Aires de ir a fondo con la causa, es de destacar la labor del magistrado, quien sin ponerse colorado se ha metido con apellidos sanjuaninos muy conocidos y está dispuesto a llevar la investigación, parece, hasta las últimas consecuencias. No es habitual en San Juan ni en el país, lamentablemente. No hay que olvidarse del caso del empresario K, Cristóbal López, quien se presentó en la Justicia acusado de evadir $8.000 millones y se pudo ir a su casa sin pisar un calabozo. Acá, Novelli, el empresario de las heladerías Grido, quedó detenido por bastante menos.