La posibilidad de que los reos puedan hacer uso de teléfonos celulares dentro de los institutos penitenciarios ha generado en nuestra provincia, como en el resto del país, una gran polémica, ya que mientras para algunos la utilización de esos aparatos electrónicos está bien visto, para otros es la causante de numerosos casos de delincuencia comandada desde las cárceles. El problema radica en que los controles del ingreso de estos aparatos son deficientes, ya que son los propios familiares de los presos los que los introducen y quienes proporcionan el crédito necesario para que se establezcan las comunicaciones. Por otra parte son casi inexistentes los sistemas que controlan las llamadas, pudiendo los detenidos mantener en forma ilimitada conferencias de cualquier índole, sin que nadie pueda monitorear su contenido.

El interventor del Penal de Chimbas, Oscar Ghilardi expresó oportunamente, en un intento por no dar relevancia a la situación, que en ocasiones los internos pueden utilizar los teléfonos móvil para cosas buenas, como interiorizarse en la salud de sus hijos, o comunicarse con los seres queridos.

En la provincia de Buenos Aires este mismo problema hizo que un grupo de funcionarios presentara hace poco un hábeas corpus, para permitir a los presos el derecho a comunicarse a través de teléfonos celulares, sin la objeción de los superiores de los distintos servicios penitenciarios.

Pero para la mayoría de los ciudadanos existe el convencimiento de que si los reos tienen la posibilidad de usar libremente la telefonía celular, lo más probable es que la empleen con fines ilícitos. La gente se basa en la gran cantidad de hechos delictivos como secuestros exprés o robos a instituciones o domicilios particulares, que han sido comandados desde las cárceles. También hubo mucho casos de amenazas o extorsiones a conocidas personalidades que se han concretado por esta vía.

Existan o no derechos consagrados para que los presos utilicen libremente celulares, la realidad nos demuestra que estos aparatos funcionan a pleno desde las penitenciarías y que, de acuerdo a lo manifestado por los propios directivos de estos centros de detención, se hace muy difícil el control de ingreso ya que entre otras incongruencias que existen el scanner, que debe advertir sobre la entrada de elementos electrónicos entre los que figuran los teléfonos celulares, es de uso optativo, voluntario y no se puede obligar a nadie a pasar por él.