Esto se puede estancar en el Congreso colombiano. Los legisladores de la oposición dicen que un plazo de seis meses para un acuerdo final necesitaría una reforma constitucional, porque la Constitución no permite que personas acusadas de crímenes de lesa humanidad puedan postularse a cargos públicos.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos tiene suficientes votos en el Congreso para reformar la Constitución, no tendría tiempo para hacerlo. Se estima que se necesitarían ocho debates legislativos que tomarán 14 meses para aprobar una reforma, mucho más allá de la fecha límite para la ejecución del acuerdo.
Además, el acuerdo de paz podría ser derrotado en un referéndum público que Santos ha prometido convocar. Las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos apoyan un acuerdo de paz, pero que también detestan a las FARC y están en contra de dejar sin penas de prisión a los responsables de crímenes de guerra como masacres, torturas sistemáticas o el reclutamiento forzoso de niños para la guerra.
Bajo el acuerdo actual, los responsables de crímenes de lesa humanidad podrán cumplir sus condenas en áreas restringidas vagamente definidas. Podrían ser sus pueblos o ciudades y serían un servicio comunitario. "Esto podría sentar un precedente terrible”, me señaló José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. "Existe un consenso en el derecho internacional de que, cuando se trata de crímenes de guerra, estas atrocidades deben ser castigadas. Hacer servicio comunitario en una zona restringida del país no califica como un castigo”, agregó.
Asimismo, Amnistía Internacional dice que "definiciones vagas y potenciales amnistías (en el acuerdo) hacen aumentar el temor de que no se hará justicia con todos los violadores de los derechos humanos”. Y que la única manera de que Colombia salga de su turbulenta historia es asegurar que todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad rindan cuentas por sus crímenes.
También los principales comandantes de las FARC están siendo requeridos para extradición por cargos de narcotráfico en EEUU, y hay una recompensa de u$s 5 millones sobre sus cabezas. Aunque Obama apoya entusiastamente este acuerdo, no está nada claro que el sistema de Justicia anule sus pedidos de extradición.
El enviado para el proceso de paz colombiano, Bernard Aronson, me dijo que no hay unanimidad entre los letrados sobre si los comandantes de las FARC deben ir a la cárcel. "Los colombianos son las víctimas de guerra, y son quienes tienen el derecho de decidir en qué términos están dispuestos a poner fin a esta guerra. No me corresponde a mí ni a ningún otro norteamericano decir si este acuerdo es o no justo”, dijo.