El sorpresivo triunfo del ‘No” de la ciudadanía colombiana, que dejó el domingo último descolocado al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, frustrando un arreglo definitivo para concluir con una guerra de más de medio siglo, dejó dividido al país caribeño y prácticamente en fojas cero al entendimiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La incertidumbre gana protagonismo, aunque quienes rechazaron el acuerdo aseguran que quieren la paz, pero bajo otras condiciones, más equitativas y menos complacientes con los guerrilleros que se integrarían a la vida civil con prebendas que nunca ha tenido el ciudadano común. El Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, exige que los jefes de las FARC paguen con cárcel por los crímenes cometidos, que incluyen asesinatos, secuestros y ataques. También que no puedan ocupar cargos de elección popular, demandas que parecen exageradas para ser aceptadas por los guerrilleros que negociaron penas privativas de la libertad de hasta 8 años pero no cárcel, además de 10 escaños en el Congreso a partir de 2018 y durante dos periodos legislativos.
Los jefes insurgentes sostienen que el acuerdo firmado la semana pasada, con la comunidad internacional como testigo, está vigente porque el efecto del plebiscito es político y no jurídico.
Ahora se busca salir del cepo impuesto por el plebiscito. Santos advirtió que el tiempo es muy importante porque no se puede prolongar este proceso por mucho tiempo porque el arreglo ha caído en una zona gris, en una especie de limbo que es muy peligroso y muy riesgoso, ya que puede echar todo por la borda y la posibilidad de volver a la lucha luego de la tregua que vence el 31 del actual.