La sociedad argentina parece haber perdido la capacidad de asombro frente a los escándalos políticos que se suceden casi a diario y cada vez más graves, a medida que se descubren hechos de corrupción que involucran a funcionarios del anterior Gobierno nacional. Pero lo alarmante ya no son los personajes sospechados desde un primer momento, ni los modus operandi para saquear las arcas públicas, sino la verdadera asociación ilícita al amparo del poder.
Hubo un mecanismo sistémico, que algunos lo califican como corrupción de Estado, porque se gestó y creció durante más de una década por la impunidad y complicidad piramidal en la estructura gubernamental. Esta corruptela fue fortalecida también por acción u omisión de sectores privados que aceptaban las manipulaciones leoninas de las licitaciones públicas, y una justicia complaciente o temerosa que acumuló denuncias o archivó causas a pesar de las pruebas contundentes aportadas por los medios no comprometidos.
Alguien dirá que esquilmar al Estado es parte de una cultura política que se remonta a décadas de períodos democráticos y hasta se pretende justificar la corrupción como una forma de sostener la ‘caja política’ para afrontar las onerosas campañas proselitistas. Pero la época kirchnerista ha superado todas las barreras de la ilegalidad ya que el sistema marginal no fue circunstancial sino todo lo contrario: la corrupción se instaló desde el primer momento calcada funcionalmente de la gobernación de Santa Cruz y con los mismos ejecutores en puestos claves.
Para que esto funcionara como lo hizo, se manejó el poder de manera arbitraria, recurriendo a la demagogia para conquistar conciencias con despilfarros para sostener un relato clientelista y emisión monetaria para el consumismo. Son herramientas del populismo para generar dependencia en forma caprichosa y arremeter contra las voces disidentes tildadas de desestabilizadoras. La cartelización de la obra pública fue el respaldo financiero que requería una continuidad ensoberbecida de poder con banderas de derechos humanos y equidad social, discrecionalmente levantadas por la izquierda militante, ahora defraudada y en retirada, como tantos que creyeron ingenuamente en el ‘modelo’ por ideología o conveniencia.
Esta herencia nos hiere en lo económico y político con un saldo social tan lamentable como la década esquilmada. Fortalecer las instituciones republicanas es el antídoto contra estos atropellos a la democracia y a la decencia.