De acuerdo con un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el empleo público consolidado en Argentina, es decir incluyendo a los tres niveles de gobierno, se estima en 3,13 millones de personas, con un incremento de 911.391 desde 2006 hasta fines de 2009. Las cifras son elocuentes, al considerar que por cada día de administración kirchnerista que hubo hasta el 31 de diciembre pasado, ficharon como nuevos empleados públicos 377 trabajadores. Si se toma en cuenta que los sábados y domingos no se pudieron firmar actos administrativos para efectivizar nuevos trabajadores, la nómina sube a 529, algo así como 22 por hora.
Las provincias ahogadas económicamente, pero con el peso de varios servicios básicos, como la educación, la seguridad y la salud, fueron las grandes contratantes. Sus listados crecieron 47% en seis años, a razón de 92.276 empleados por año. En la década del 80, cuando todos los servicios públicos estaban en manos del Estado, el empleo estatal era 23% del total de trabajadores, con un parcial de 7,6 empleados por cada 100 habitantes. Pero ahora las empresas públicas están lejos de aquellas prestaciones.
De los datos del Boletín Fiscal, publicación del Ministerio de Economía actualizada al tercer trimestre de 2009, se puede observar que, después de unos años con poco crecimiento, a partir de 2006, la nómina de estatales creció alrededor del 130 por ciento. FIEL señala que las empresas públicas empleaban 28.417 trabajadores en 2003, número que pasó a 57.903 a fines de 2009 y datos del Instituto para el Desarrollo Social (Idesa), en base en la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, muestran que hay ciudades en las que el peso del empleo público en el total de los asalariados es enorme. Por ejemplo, en Río Grande, 44% del total de trabajadores fueguinos son estatales; en La Rioja y Resistencia, 43% y en Ushuaia 40 por ciento.
Habrá que preguntarse si la calidad de servicios que presta el Estado con esos recursos es buena. Aunque no hay muchas maneras de medir estos indicadores, la respuesta generalizada de la ciudadanía es negativa, ya que no se ha profesionalizado el trabajo en ese ámbito. A diferencia de lo que sucede en el mundo privado, la administración pública nacional de la Argentina ha desactivado la mayoría de los sistemas de carrera profesional en detrimento de la eficiencia y la calidad.