En nuestro país la Justicia es lenta para algunas causas, mientras que para otras adquiere una rapidez inusual y extraordinaria. Un ejemplo de esto último fue la sentencia absolutoria dictada por el juez federal Norberto Oyarbide, que juzgó lícito el incremento en 28 millones de pesos que experimentaron los bienes de la presidenta Cristina Fernández y su marido en 2008, cuando su patrimonio se multiplicó como nunca.

El ex presidente Néstor Kirchner, hoy diputado bonaerense, afirmó en una entrevista televisiva que la causa que acaba de cerrarse fue "un acto vejatorio" que "no se recuerda que haya vivido otro presidente" y advirtió que se trató de la tercera investigación contra "un patrimonio que tiene más de 30 años". Poco explicó el ex presidente sobre cómo hizo para lograr su fortuna. Dijo que todo estaba justificado por la diferencia entre el valor fiscal al que declararon los inmuebles al comprarlos y el precio de venta, el de mercado. Sin embargo, esta ecuación sólo justifica cinco de los 28 millones sumados en 2008.

El matrimonio Kirchner dijo haberse desprendido en ese lapso de propiedades por 14.525.800 pesos. Esas operaciones les dejaron una diferencia de 13.837.554 pesos. Únicamente un tercio de este último monto se justifica como una variación contable porque ellos vendieron por casi cinco millones 14 inmuebles que habían adquirido antes de 1982 y en las declaraciones anteriores figuraban por su valor fiscal, apenas 81.867 pesos.

Al día de hoy todos los funcionarios responsables del sobreseimiento están denunciados. A los pedidos de juicio político contra Norberto Oyarbide y el fiscal Eduardo Taiano se sumaron otras dos acusaciones: contra el responsable interino de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo Noailles y contra el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, acusado también de haber adulterado documentos. Al notificársele la realización de un peritaje, la Fiscalía no ofreció a ninguno de sus contadores para que participara en esa tarea.

Esta decisión trajo como consecuencia que ésta fuera la primera investigación de envergadura, en los últimos 10 años, en la que no participaron peritos de la Oficina Anticorrupción (OA) ni de la FIA, que son los únicos especializados en la materia. La razón fue, seguramente, la instrucción limitativa adoptada en 2008 por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, que en contra de la experiencia de cinco años vedó la participación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en las investigaciones, a través de sus expertos.

Cuando la justicia deja de ser independiente o no actúa, como en el caso de los fiscales, la corrupción avasalla la credibilidad de las instituciones y la ciudadanía se siente cada vez más indefensa.