El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, anunció la semana pasada a la prensa su inédito plan para controlar a la administración del Gobierno nacional ‘en tiempo real”, incluyendo al nuevo Ministerio de Modernización, de manera de difundir su propia cifra de empleo en blanco, además de implementar un ‘monitoreo de variables económicas”, el déficit y superávit fiscal, la deuda pública y la balanza comercial.

La implementación de este inédito Plan Operativo Anual, ideado por el cuestionado ex hombre fuerte de la AFIP, ahora a cargo de la AGN como representante de la oposición, pretendía olvidar la investigación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como le exige la ley, y dedicarse a observar los números del gobierno actual, una tarea que no le corresponde. Precisamente es la Sindicatura General de la Nación el organismo encargado de controlar el ejercicio presente, mientras la AGN debe hacerlo sobre el ejercicio anterior.

Finalmente la sensatez le impuso un duro revés a Echegaray, al derogarse las resoluciones 57 y 58/16 del ente para dar origen a un nuevo plan de trabajo, según lo acordado por el resto de los auditores, incluyendo al representante justicialista.

Es que de haberse avanzado con la idea de Echegaray, de no investigar las actuaciones de 2015, se habría violado la letra constitucional y originado un conflicto de poderes en el plano institucional con la Sigen, más repercusiones políticas de imaginar.

En ese sentido el Artículo 85 de la Constitución Nacional, tras la reforma en 1994, consagra a la AGN como organismo autónomo de asistencia técnica al Congreso (cuya opinión debe estar sustentada en los dictámenes de la Auditoría) y a cargo del control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización. Pero la ley reglamentaria no le da poder de coadministración en tiempo real, como pretendía auditar Echegaray al gobierno de Macri, ya que no podría hacerlo por razones normativas y fácticas. En realidad lo que buscaba era un borrón y cuenta nueva para no escarbar en el último período del gobierno kirchnerista y particularmente a él, que lo compromete, y mucho.