El tratamiento y análisis del tema de la dirigencia política es una cuestión fundamental que está directamente vinculada al futuro del Estado argentino. Está supeditado al tipo y calidad de la tarea que desarrolla la diligencia política el horizonte inmediato que le cabrá al Estado argentino. Imponer un paradigma sociocultural idóneo constituye una exigencia ineludible e impostergable de la dirigencia política, labor que por la posición que ocupa el oficialismo pesa más sobre sus hombros que en los de la oposición, empero, no obstante ello, esta última no está exenta de tal relevante responsabilidad, puesto que ambos forman parte de la dirigencia política argentina.
Para evitar llegar a límites aberrantes en la degradación cultural que de paso a la legitimación de lo indebido, de lo ilícito, es decir, de lo delictivo o corrupto es menester que nuestra dirigencia política se ponga irremisiblemente a la altura de las circunstancias y de señales claras y contundentes hacia toda la sociedad de que se está a favor del estado de derecho, que es lo único que se puede avalar y que, por el contrario, todo lo que está al margen o en contra de la ley constituye una situación que no ha de escapar de la sanción consagrada por aquella. En tal sentido el tema de la sanción está claro que es un tema específico y propio de la función del sistema judicial pero, dado la actual realidad, está dentro de la actividad de la dirigencia política exigir del sistema judicial la funcionalidad que requiere la actual coyuntura institucional la cual no está lejos de deslegitimar el estado de derecho. En ese orden de ideas entiendo que se están dando situaciones que reflejan la realidad que son de enorme gravedad frente a la cuales se percibe una vergonzosa impacividad de la dirigencia política que encuentra fundamento en el alevoso estado de complicidad existente frente a los sucesos de corrupción e ilegalidad. Ahora bien constituye una ignorancia supina creer que avalar semejante línea de conducta no ha de generar ningún tipo de consecuencia, en tal sentido continuar con una suerte de posición pusilánime frente al escándalo de los hechos manifiestos de corrupción, importa emular aquel soldado japonés que comandaba su aeronave concientemente a la muerte. Por tanto, aquel sector de la dirigencia política que pretenda obtener algún rédito político o electoral no constituyendo a construir la revolución sociocultural que demanda al cuadro actual de situación, debe tener plena conciencia de que con esa artera especulación se avanza hacia el colapso institucional. No puede prevalecer el estado de derecho si la ciudadanía concientemente legitima la conducción política de quienes están involucrados en evidentes y notorios hechos de corrupción, menos aún, si se cae en el eufemismo de la banalización de tal fenómeno. En otras palabras continuar con ese temperamento importa ir paulatinamente borrando la línea que distingue lo legal, de lo ilegal, de lo delictivo, y que por tanto este último concepto quede únicamente reservado para al delincuente común, dado que cuando se trate de robos sofisticados del dinero público mediante el ejercicio de la función pública o política, tal situación al contar con la anuencia o indiferencia cívica, quedan virtualmente derogados del Código Penal.
Sin capacidad de sanción no hay sistema judicial, sin este no hay república. Pretender progreso, calidad de vida y desarrollo para todos pasa a ser una mera elucubración o expresión poética.
Dr. Marcelo Abarca Gómez – Abogado