La líder de la Organización Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, que desde el inicio de la actual gestión de gobierno comanda un acampe frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Jujuy, no sólo se encuentra detenida sino que su principal enemigo político, el gobernador radical Gerardo Morales, ha reuniendo los antecedentes necesarios para efectivizar al menos 19 denuncias en su contra, entre ellas por ‘instigación a cometer delitos y tumultos’.
En medio de esta crítica situación, la dirigente social y diputada al Parlasur ha comenzado a perder el poder que ostentó durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, que la había llevado a ejercer la conducción de un Estado paralelo en su Jujuy natal, con todos los privilegios y prerrogativas que esto implicaba.
Ahora, Sala ya no dispone de los fondos discrecionales que recibía del Gobierno Nacional, ni del apoyo provincial de la anterior gestión, sino que será sometida a una exhaustiva investigación sobre el destino de los millonarios presupuestos que manejó sin ningún tipo de control. Esos recursos se convirtieron en su principal herramienta para vigilar y extorsionar a sus seguidores y a quienes, por desesperación, caían en su red violenta. En estos últimos días la situación en Jujuy se ha presentado caótica debido al acampe que está perjudicando a comerciantes y diversas entidades locales, generando además un clima de convulsión social que está recibiendo el más enérgico repudio por parte de los jujeños. Las dudas que se han generado con el manejo de fondos y el tráfico de influencias, se basan en que al haberse quitado a la organización la distribución de la ayuda social que llega desde la Nación, se ha producido un excedente que lleva a confirmar algunas denuncias sobre el mal manejo que se estaba efectuando. El enfrentamiento planteado a este poderoso movimiento del Norte argentino, con ramificaciones en todo el país, no hace otra cosa que poner de manifiesto el deseo de las autoridades provinciales y nacionales de transparentar aquellos casos de corrupción institucionalizada por sectores con un fuerte poder político. Llevar a la Justicia todos estos casos es el principio de una normalización que se viene reclamando desde hace tiempo.