La defensa selectiva de la democracia de muchos países latinoamericanos -que ponen el grito en el cielo cuando presidentes de derecha atropellan las libertades democráticas, pero callan cuando presidentes de izquierda hacen lo mismo- ha dado como resultado una constante erosión de la democracia.

El nuevo gobierno paraguayo del presidente Federico Franco, suspendido del Mercosur, argumenta que el Congreso paraguayo actuó estrictamente dentro de los límites de la Constitución cuando depuso a Lugo el 22 de junio. El artículo 225 permite que el Congreso enjuicie al Presidente "si desempeña mal sus funciones” y si dos tercios de ambas cámaras votan su destitución. La votación contra Lugo fue de 39 a 4 en el Senado y de 73 a 1 en Diputados. Pero el procedimiento no cumplió el proceso debido, porque no se le dio a Lugo el tiempo necesario para preparar su defensa. Lugo había pedido 18 días, pero sólo se le concedieron dos horas. Los que orquestaron la destitución de Lugo deben haber sentido que su "juicio político exprés” era un pecadillo menor comparado con las violaciones de los derechos democráticos en otros países de la región, sin ninguna consecuencia diplomática.

En las elecciones de 2011 en Nicaragua, no hubo ninguna queja latinoamericana cuando Daniel Ortega se hizo reelegir para un tercer período pese a todo tipo de irregularidades. La candidatura de Ortega para la reelección estaba prohibida por el artículo 147 de la Constitución nicaragüense, pero Ortega consiguió que los jueces sandinistas dictaminaran -en forma ilegítima- que la cláusula constitucional no se aplicaba en este caso.

Tampoco hubo quejas latinoamericanas cuando Hugo Chávez inhabilitó sin debido proceso a mas de 270 líderes opositores en las elecciones para gobernadores de 2008. Tampoco hubo reclamos cuando Chávez decidió no renovar la licencia de la cadena televisiva RCTV, ni cuando desconoció la voluntad de los votantes venezolanos, que en 2008 eligieron al opositor Antonio Ledesma como alcalde de Caracas. Tras la victoria, Chávez creó un nuevo cargo por encima del alcalde y le quitó a Ledesma casi todos sus poderes, y el presupuesto oficial.

En Bolivia, Evo Morales ha encarcelado o enviado al exilio a casi todos los gobernadores opositores, sin los procedimientos señalados por la ley. Cinco gobernadores opositores, incluyendo a ex candidatos presidenciales, han sido encarcelados u obligados al exilio, sin debido proceso. Y el dictador de Cuba, Raúl Castro, en lugar de ser presionado para que permita elecciones libres, ha sido recibido con creciente calidez por los presidentes que hoy denuncian la destitución de Lugo. En la reciente Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, casi todos los países amenazaron con no asistir a futuras cumbres entre Estados Unidos y Latinoamérica si Cuba no es invitada.

Por absurdo que parezca, Cuba -que no ha permitido elecciones libres en más de cinco décadas- retiró su embajador de Paraguay señalando que "no reconocerá autoridad alguna que no emane del sufragio legítimo y el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo paraguayo”.

Mi opinión: La destitución de Lugo estuvo mal y -aunque no es tan claramente violatoria de la ley como el golpe de Honduras en 2009- merece la condena de la región. Pero la indignación selectiva de Brasil, Argentina, Colombia y otros países por la violación de los principios democráticos en la región ha promovido este tipo de conductas.