Según la ley electoral, aprobada en 2009, todos los partidos políticos deberán realizar elecciones internas abiertas y obligatorias para definir sus candidatos presidenciales 70 días antes de los comicios generales. La convocatoria está prevista para el próximo 14 de agosto, pero para la Justicia y la oposición no están dadas las condiciones legales y administrativas para ello. Consideran que los padrones no estarán actualizados a tiempo y que se esconde una maniobra.

Las últimas primarias en Estados Unidos comenzaron el 3 de enero de 2008 y se realizaron a lo largo del país en diversas fechas; los precandidatos fueron nominados en agosto, y los comicios presidenciales se celebraron en noviembre, es decir, durante un año ese país vivió en campaña. En Argentina, en cambio, la campaña comenzará a fines de julio, en un único día de agosto, se realizan las primarias y, dos meses después, la votación general.

A fines de 2009, el oficialismo imaginaba que necesitaría las primarias para derrotar al peronismo disidente y, así, legitimar la tercera candidatura de un miembro del matrimonio Kirchner: el ex presidente o su esposa. Por su parte, el radicalismo, acostumbrado a las internas, miembro del Acuerdo Cívico, pensó que les servirían para derimir sus pujas y que favorecerían el bipartidismo. Ahora, con la desaparición de Néstor Kirchner, el kirchnerismo quedó alineado detrás de la presidenta de la Nación. Por su parte, Eduardo Duhalde avanza por fuera, con el sello Unión Popular, y varios partidos, como el de Mauricio Macri, podrían tener lista única, con lo cual el planteo del Gobierno de mantener la exigencia de las primarias, sólo se explicaría desde la intención de asfixiar a la oposición.

Antes de la sanción de esa ley, la Cámara Electoral requería otra reforma que ningún partido quiso escuchar, y era el de la boleta única. El Gobierno nacional aprovechó para concentrar buena parte del poder de organizar las elecciones en el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional Electoral, en detrimento de la Justicia. Se cambió la forma de armar el padrón y no participaron los magistrados.

En este panorama de incertidumbre, lo más probable es que finalmente la ley sea suspendida, como en 2002, demostrando al electorado que a los políticos pareciera importarles poco la transparencia democrática.