Varios líderes y ex presidentes, sin embargo, como lo plantearon en Lima en el 10 aniversario de la Carta Democrática Interamericana, prefieren seguir con su vieja cantaleta de crear mecanismos de monitoreo para observar fallas o interrupciones institucionales, cuando las prioridades de los ciudadanos simplemente pasan por poder caminar y despertarse tranquilos, sin miedo a los atracos y los robos, y que los corruptos terminen en la cárcel.

La Carta, creada en 2001, ya demostró que no es muy útil en los momentos más difíciles. No sólo por no servir para sortear golpes como el de Honduras o el autogolpe de diciembre pasado en Venezuela cuando Hugo Chávez fue habilitado para gobernar por decreto por 18 meses de espaldas al Congreso, sino porque tampoco exige a los gobiernos resolver la inseguridad y la corrupción -dos palabras que no se mencionan en el texto- y que están en franco aumento en la región.

Según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 2010 se cometieron dos tercios de los secuestros del planeta, y más de 130.000 asesinatos, una de las tasas de homicidios más elevada del mundo. En El Salvador fue de 61 por cada 100.000 habitantes y en Venezuela 48.

También la región es una de las más corruptas del mundo, como señala Amnistía Internacional, que sitúa a Venezuela en el puesto 164 de 178 países, índice en el que también se destacan Paraguay y Haití en el lugar 146; Honduras, 134; Nicaragua y El Salvador, 127 y Argentina, en el 105. Por el contrario, en aquellos países con niveles menores de inseguridad ciudadana y corrupción, como EEUU, Canadá, Chile, Costa Rica y Uruguay, es donde hay una mejor percepción y asociación entre el desarrollo democrático y una mejor calidad de vida.

Varias cosas sucedieron que prueban que una nueva Carta Democrática, como propuso el presidente de Perú, Ollanta Humala, no puede desatender el pedido de los ciudadanos. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo acaba de destituir a seis funcionarios, entre ellos al ministro de Seguridad y al Canciller, porque "no hemos logrado los resultados esperados” en el combate a la delincuencia. Mientras que en Guatemala, en las recientes elecciones, ganaron los candidatos que prometieron "mano dura” contra el crimen y la delincuencia, Otto Pérez y Manuel Baldizón, quienes tendrán que verse de nuevo las caras en segunda vuelta. El informe 2011 sobre Competitividad Global del Foro Económico Mundial, otorgó la peor nota a Guatemala, el último puesto de 142 naciones, por los costos asociados para la democracia que tienen el crimen y la corrupción, que han aumentado la desconfianza de la gente en los políticos y la policía.

Queda claro en América latina que los países más corruptos e inseguros tienen las peores democracias. La falta de seguridad no solo afecta la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de las personas, sino también es una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático y al Estado de derecho, como dijo Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.

En cambio, si la seguridad pública conlleva la obligación del Estado de proveer los mecanismos de fuerza para prevenir y reprimir delitos, para que los ciudadanos, puedan vivir en armonía; y si el castigo a la corrupción abre las puertas a un gobierno transparente y a una sociedad más justa y equitativa, es fácil advertir que son estos los dos aspectos que deben primar en la redacción de un nuevo documento de la OEA, para que la democracia sea "como la gente”.