La prohibición de cazar ballenas en la Antártida, que Japón viola sistemáticamente con el argumento del carácter científico de la depredación, ha tomado otra instancia con la intervención de una Corte australiana que aplicó una considerable multa a una de las pesqueras niponas encargadas del saqueo, por el "desacato deliberado” de un fallo impuesto en 2008 a la empresa japonesa Kyodo Senpaku.
El fallo inédito, basado en la Ley de Protección Ambiental y Conservación de la Biodiversidad de Australia, responde a la demanda presentada por una entidad proteccionista internacional, con pruebas del fin comercial de la empresa autorizada por el gobierno nipón. Japón, que firmó la moratoria total de la captura de ballenas con fines comerciales, en vigor desde 1986, inició al año siguiente un programa de capturas justificado por fines científicos.
Pero en 2014, la Corte Internacional de Justicia ordenó al Gobierno japonés que revocara esos permisos al considerar que la caza no se ajustaba a los fines científicos establecidos por la Comisión Ballenera Internacional, en respuesta a una demanda presentada por Australia. Ahora el Tribunal de Sidney fue directamente a los intereses económicos de la firma con una multa por más de 700.000 dólares, que puede llegar a cifras millonarias con las costas del proceso judicial.
Los jueces australianos optaron por el camino que más les puede afectar a la estrategia japonesa de disfrazar los supuestos estudios científicos y de investigación de las ballenas, con la caza deliberada de la especie en peligro de extinción, para proveer al comercio de carnes e insumos provenientes de los cetáceos. Es de esperar que sea el camino para frenar este daño irreparable.