El Gobierno nacional en febrero de este año, a través de la Secretaría de Comercio Interior, llevó a adelante imputaciones a empresas que habrían incumplido la intimación a 'incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda'', establecida por la resolución 100/2020 y sus modificatorias, en el marco de la emergencia sanitaria decretada el 20 marzo de ese año. Sin embargo parte de la explicación de esta situación agudizada por la suba de precios en un 4 % en diciembre y enero pasados, estaría en lo que la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) había dicho en noviembre del año pasado. En esa ocasión había expresado su total desacuerdo y preocupación ante la decisión del Gobierno de extender por tres meses el programa Precios Máximos y advirtió que eso ponía en riesgo no solo el abastecimiento de productos básicos sino también puestos laborales, con más de 400.000 empleos en juego.

El ajuste de costos, entonces, podría haber operado y repercutido en disminuir la producción en productos destinados a Precios Cuidados y Precios Máximos, aunque hayan mantenido los precios acordados, y a la vez hayan aumentado los precios de otros productos por fuera de esas listas. El argumento que da cierta e irrebatible lógica a esta conducta de mercado sería la suba de costos de producción por la inflación de costos, ya que la inflación no es solo un fenómeno que afecte a los precios finales al consumidor, sino, a los precios de los insumos que afectan a la producción en sus tramos internos de la cadena de producción general.

En este punto hay una razón por la que le asiste a las empresas puesto que la suba constante de los combustibles lleva, si o si, a la suba de los precios de este insumo básico de la producción. En el caso de las harinas y los aceites el factor que opera es otro, ya que al experimentar un suba de precio a nivel internacional ello conlleva, por el acople de valor, a la suba de los precios internos por lo que, luego afecta la producción y al consumo final.

El problema estaría en cómo penalizar a una empresa que baja su producción no por una decisión anti mercado interno sino porque la ecuación de costo beneficio por unidad marginal le da negativa. No obstante con los aceites hay una situación especial que rozaría al gobierno negativamente ya que participa en un mecanismo de formación de precio en tanto, está involucrado en abastecer al mercado. Ello es así porque constituyó un fideicomiso para subsidiar el precio del aceite, con vigencia hasta el 31 de enero de 2022. Pero ese acuerdo firmado por las empresas tiene un límite de volumen: 29 millones de litros mensuales, (lo cual representa el 75% del consumo nacional) a partir de los cuales las aceiteras quedan desobligadas en cantidades y precios.

¿Por qué las intiman entonces? ¿Por no cumplir siquiera con el cupo? En última instancia no está claro este punto inflacionario en si hay responsabilidad empresaria o en su caso es conjunta con el gobierno, o, bien la suba ocurre porque ha quedado liberado de regulación este producto específico.

El gobierno en alguna medida deja un amplio margen de justificación para la validación de la actitud de mercado de las empresas con la suba de precios en los no intervenidos y la baja de producción en otros, ya que la imputación de la conducta se fundamenta en que habrían incumplido la intimación a 'incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda'' ya que la disminución de la producción entraría en una situación de injerencia en la decisión de criterios que hacen a la política de la inversión de cada empresa.

La eventual judicialización de estos desacuerdos redundaría en un nuevo obstáculo para lograr un eficaz y pronto compromiso en las mesas de productividad, que es de donde verdaderamente debe salir una convergencia de costos, precios y salarios en beneficio de todos los actores de la economía.

Por el Dr. Mario Luna y el Prof. Fabián Núñez