El último domingo más de 2,2 millones de catalanes votaron en abierta desobediencia un referéndum que el Gobierno central español declaró ilegal como medio para expresar el deseo de que la región de Cataluña, de 7,5 millones de habitantes, decida sobre su soberanía. Tanto la convocatoria de la consulta como el proceso de manera informal, habían sido recurridos por el Ejecutivo español ante el Tribunal Constitucional, que admitió el trámite respaldando al gobierno de Mariano Rajoy.
Ayer se anunció que la Fiscalía presentará una querella contra el presidente de Cataluña, Artur Mas y miembros de su Gabinete, por las responsabilidades penales en la votación soberanista del llamado 9N. Pero más allá de la burla a la autoridad nacional y las implicancias de quienes la promovieron con el propósito de crear un Estado separado de España, debe señalarse el 80% de votos favorables a una hipotética independencia y la concurrencia a las urnas que no marca una posición del todo clara del pueblo catalán.
La querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se dirige contra Mas, la vicepresidenta del
Gobierno, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, a quienes se los sindica como autores intelectuales y ejecutivos del pronunciamiento ilegal, incluso por haber hecho confeccionar las boletas a los presos de las cárceles catalanas. Los nombrados, empero, dicen sentirse tranquilos y sin temor por las acciones de la Fiscalía ante el respaldo popular que los avala en su lucha por la independencia. Todo lo que se intente hacer sino es por la vías democráticas y legales del Estado español, no será nunca legítimo y solo producirá perturbaciones y disputas políticas inconducentes para ambas partes.