La sorpresiva designación del Gobierno nacional de dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia ha generado severas críticas al presidente Mauricio Macri por la modalidad de avanzar hacia la normalización del Alto Tribunal a través de una medida administrativa, marginando el trámite parlamentario.
Precisamente el hecho de no seguir el camino del Congreso de la Nación ha obnubilado las opiniones calificadas dentro y afuera del oficialismo por lo que consideran una afrenta al sistema republicano, la propuesta de nombrar a los doctores Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para integrar la Corte en comisión ante la urgencia de dar mínima operatividad al cuerpo que ha quedado con sólo tres miembros tras la salida del doctor Carlos Fayt.
En el contundente embate, fundado en usos y costumbres, ninguno de los críticos observa que se trata de una decisión correcta basada en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional. Por eso el propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se mostró complacido con las designaciones tanto por la sobresaliente trayectoria de los postulados como por el procedimiento para atender esta emergencia en la máxima instancia del Poder Judicial.
Lorenzetti no sólo evitó poner en duda los nombramientos por decreto sino que en nombre del cuerpo expresó ‘nuestro beneplácito con las designaciones”, remarcando la calidad humana y profesional de los juristas designados, a quienes adelantó la bienvenida de la Corte. Es que si realmente la Argentina requería en estos momentos un decreto de necesidad y urgencia, la prioridad es la Corte por el número de ministros que impedía un funcionamiento racional.
El Boletín Oficial ya publicó los nombramientos con la modalidad de ‘aviso oficial” y, de la de la misma manera, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la Nación publicaron sendas solicitadas en los diarios metropolitanos con el currículum y los impecables antecedentes académicos de los doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
Ante la crítica apresurada debemos observar la Constitución, la herramienta que da soluciones para cada contingencia en el Estado de derecho. Y también no aventurar descalificaciones porque el mecanismo utilizado por Macri lo han empleado las naciones donde se hace un culto a la Justicia. Earl Warren, uno de los jueces más rutilantes en la historia jurídica de Estados Unidos y tuvo a su cargo la investigación por la muerte de John Kennedy, fue nombrado en comisión durante la presidencia de Dwight Eisenhower.
