Si algún mérito reúnen las sucesivas gestiones que desde 1989 le asignaron a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), ha sido el de mantener el modelo unitario integral en la gestión de las políticas de drogas. Y ocupar el más alto nivel factible a nivel del Poder Ejecutivo Nacional para tal ejercicio. Lo inició Alberto Lestelle y lo aplicaron Julio César Araoz, Eduardo Amadeo, Lorenzo Cortese, el firmante de esta nota y José Ramón Granero. La iniciativa debe poseer algún mérito por cuanto hoy la casi totalidad de los países de América lo aplican, no sin alabar la iniciativa de nuestro país. Hasta los EEUU reunieron a la DEA con el NIDA (Instituto de Abuso de Drogas de los Institutos de Salud) a través de la Oficina de Coordinación que casualmente asienta en la West Wing de la Casa Blanca.
Cuando en el país se avanza hacia un desmembramiento irracional de las políticas y de la implementación eficaz de esta valiosa unidad que llevó a capacitar entre nosotros a muchos de los actuales encargados de las políticas de las Américas para actuar en sus respectivos países, esa colectividad de naciones, reunida en la CICAD, acaba de designar a quien ejerciera la máxima autoridad en esta etapa, para presidir la gestión colectiva en el plano internacional. Buen reconocimiento a todo lo hecho en diferentes etapas que es mucho- y mala noticia para dar la cara en el concierto de las naciones americanas con propuestas desorganizadoras.
El manto de la pregonada despenalización del consumo no alcanza para justificar este desmadre, como tampoco para haber quitado a la Sedronar en los últimos tiempos la responsabilidad de capacitar a las Fuerzas de Seguridad y a los Fiscales Federales. Esto también debilita su llegada a profesionales, docentes, voluntarios y operadores. Se ha reemplazado esta acción por una ideología permisiva, tolerante y a mi juicio dañina que está en franco retroceso en el mundo. Por caso Holanda tan frecuentemente citada- ha endurecido su postura tolerante, así como lo ha hecho Rusia. Y la opinión pública consultada por la Proposición 19 en California fue ampliamente derrotada cuando proponía la legalización del consumo de marihuana. No alcanza entonces con revestir de progresismo una postura que aumenta los riesgos de la salud pública de la población postulando la defensa de derechos constitucionales que si acaso podrían discutirse en cuanto a los actos privados, escapan claramente a la racionalidad en el caso de las conductas públicas y masivas que producen daños irreversibles en alto porcentaje.
Se ha difundido oficialmente entre los docentes, y por lo tanto sus alumnos, en documentos no fundados en evidencia, la aseveración temeraria de que hay consumos "recreativos", cuando se sabe que superado ese grado inicial se desconoce el riesgo y el daño es difícil de evitar. Se atribuye inocuidad a nuestros niveles de consumo de cocaína cuando superamos a todos los países con la excepción de los EEUU.
Lo que ocurre es que se ha dejado de lado la prevención del consumo ignorando que nadie tiene derecho a dañarse por ignorancia. Al ignorar el concepto de riesgo, toda prevención se vuelve inocua y deja avanzar el abuso promovido por la necesidad de lograr resultados imaginarios. Porque el uso desmedido de drogas se basa en el acostumbramiento del organismo y el debilitamiento del efecto que produce la misma cantidad consumida repetidamente. Pero quien usa drogas está comprando un extra ilusorio que quiere agregar a sus capacidades. O quiere hacer desaparecer su hambre como en el caso del paco, o quiere adelgazar hasta dañarse como en el caso de las anfetaminas, o quiere resultar más atractivo, o más fuerte o más exitoso. Y las ilusiones venden pronto pero tienen las patas cortas. Lo que sí aumenta día a día es el número de los que buscan plazas de tratamiento. Y es reducida nuestra capacidad de brindarlas.
También se nos quiere hacer creer en la ambulatoriedad como el mejor recurso lo cual no está comprobado- y quienes conocen el campo saben que el proceso de recuperación aquí como en cualquier lugar del mundo, es lento, prolongado y requiere equipos capacitados y su extensión a todas las regiones del país.
La banalización del problema ignora los resultados de los diferentes Observatorios de Drogas que se han ido instalando en el país, así como pasa por alto las opiniones de la mayor parte de las reuniones de profesionales y no profesionales registradas en los últimos meses. También se ignora el reclamo de las madres que luchan contra las drogas y de las ONG que trabajan denodadamente en el campo.
Los reiterados reclamos del Episcopado Nacional de advertir que atrás de esta enfermedad adictiva se encuentra un daño espiritual y social no parecen haber sido escuchados. Como tampoco se obtuvo la reglamentación necesaria la Ley de Prevención que fue aprobada por el Congreso Nacional en 2011 y yace adormecida en algún cajón.
Estamos convencidos de que un debate abierto de estas cuestiones volcaría la opinión pública en contra de de liberación del consumo permitiendo en cambio una reducción del problema y una oportunidad de recuperación a los ya dañados. Es lo que el país merece lograr.