Costó muchísimo recuperar la democracia y sostenerla tras el golpe militar que la mantuvo secuestrada entre 1976 y 1983. Desde su readvenimiento sucedió de todo: juicio a las juntas militares, alzamientos, leyes de punto final y obediencia debida, indultos a altos mandos castrenses, una importante reforma constitucional (1994), declaración de aquellas leyes como insanablemente nulas por el Congreso (2003), fallos de la Corte Suprema (CS) convalidándolas primero (1997) y luego declarándolas inconstitucionales (2005), sentencias de la CS disponiendo la inconvencionalidad de indultos a favor de criminales de lesa humanidad, reapertura de múltiples causas penales por violaciones a derechos humanos, manifestaciones populares y un largo etcétera. 

Más allá de avatares y tempestades desde el fin de esa feroz dictadura, se logró conservar hasta hoy el régimen democrático ininterrumpidamente por casi 35 años. En ese tiempo hubo presidentes con perfiles, conductas, ideologías y liderazgos muy diversos. En cada elección o reelección habló el pueblo a través de las urnas, aunque un límite innegociable fue y es el mantenimiento de la democracia, la que aun con defectos sigue siendo el menos imperfecto de los sistemas políticos. La disonancia de ideas y miradas políticas y las discusiones con argumentos y sin descalificaciones personales, son muy útiles para evitar el pensamiento monocolor, fortalecer la opinión pública y enriquecer un valor fundamental: el pluralismo, uno de los principales nutrientes de la democracia de la cual los partidos políticos son instituciones fundamentales.

El compromiso de todos es que el corriente mandato presidencial se cumpla como ordena la Constitución Nacional. 

Ciertas declaraciones, tan recientes como desafortunadas, agitaron las aguas y enrarecieron el clima político. Provienen de Eugenio Zaffaroni, quien sumándose a otros personajes, vaticinó la pronta "caída" de Macri, dijo que esperaba que éste se fuera "lo antes posible" y comparó a su gobierno con la última dictadura. Respetamos absolutamente la libertad de expresión y cada quien puede tener su visión sobre la gestión macrista. Pero lo que no es prudente ni atinado es parangonar un gobierno democrático elegido por el pueblo con una de las dictaduras latinoamericanas más atroces.

Aquellos augurios se agravan porque Zaffaroni ocupó cargos muy importantes como el de ministro de la CS y actualmente es ni más ni menos que juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El art. 52 del Pacto de San José de Costa Rica dispone que los jueces de ésta deben ser juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en derechos humanos y con condiciones para el ejercicio de elevadas funciones judiciales. Naturalmente, ser magistrado de un tribunal de tal magnitud exige, ética y jurídicamente, una defensa irrestricta del sistema democrático. Por su parte, el art. 36 de la Constitución Nacional establece rigurosas pautas para preservar la democracia y el orden constitucional, procesando y condenando a quienes atenten en su contra. 

Las desafortunadas palabras de Zaffaroni, quien no puede disociar sus opiniones personales de su rol como juez de la Corte IDH y tiene sobre sí una alta responsabilidad institucional, son antidemocráticas y hasta potencialmente sediciosas, al contener un mensaje no subliminal para derrumbar el orden estatuido. Lo paradójico es que Zaffaroni olvida que en 1976 asumió como juez penal jurando fidelidad a los objetivos básicos de la junta militar encabezada por Videla y al estatuto del proceso de reorganización nacional que eliminaba a la CN. O sea, prestó servicios en la misma dictadura con la que hoy compara al gobierno que se impuso en las elecciones de 2015. El compromiso de todos es que el corriente mandato presidencial se cumpla como ordena la CN y que en 2019 sea la voluntad popular expresada por medio del sufragio la que defina al próximo presidente. Ése es el cauce institucional natural, cualquiera sea el color político de la fórmula presidencial que se elija, a la que habremos de respetar por su legitimación en las urnas.